Si le preguntamos a cualquier ciudadano como entiende él que tenía que ser un miembro del Poder Judicial, independientemente de su nivel cultural, casi todos contestarían que personas bien formadas, honestas, independientes, objetivas, y toda una una retahíla de adjetivos positivos mas.
Pues bien, en el último Pleno de la legislatura, el PSOE y el PP, con premeditación y alevosía, han reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que, entre otros, el actual ministro del Interior Antonio Camacho, y los ex-ministros Mariano Fernández Bermejo y José Antonio Alonso puedan volver a ocupar sus cargos anteriores en los tribunales. Es decir, con este cambio aprobado por populares y socialistas – a través de una enmienda de la Ley de Jurisdicción Social introducida y aprobada por el Senado el martes y ratificada por el Congreso el pasado jueves- los ministros y consejeros que antes de formar parte de sus respectivos gobiernos fueran miembros del Poder Judicial podrán volver a sus puestos de trabajo sin problema. Además, al concedérseles una situación de servicios especiales los políticos podrán volver a sus cargos sin perder ni la antigüedad ni la categoría que tenía de forma previa a su vida política. Es decir, no verían empeorado ni su sueldo ni su puesto en el escalafón judicial.
Con esta medida, el bipartidismo le inyecta en vena a nuestro maltrecho Poder Judicial una buena dosis de “estiércol de primera calidad”. Políticos que se han caracterizado por ser pésimos gestores, por actuar con un sectarismo atroz, por sortear y encontrar atajos a las leyes para no cumplirlas y por cometer graves irregularidades de todo tipo rayanas con la corrupción. Los populares, como siempre pensarán, ahora sale beneficiado el PSOE pero cuando llegue el momento de abandonar el poder, que espero ocupar pronto, el beneficiado seré yo. Tanto monta monta tanto.
No hace falta que comente que esta medida ha provocado gran indignación en la Carrera Judicial y que todas las asociaciones judiciales se han pronunciado con dureza al respecto. La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, sostiene que esta modificación legal con aplicación retroactiva «evidencia que la reforma se impulsa por complacencias e intereses personales» y que se ha hecho con «secretismo». Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia también se ha mostrado en contra de una modificación que «no tiene sentido» y señalaba que «no ve lógico que al final de la legislatura se haya aprobado una medida de esta envergadura sin debate y sin pedir siquiera el informe preceptivo pertinente al Consejo General del Poder Judicial». Asimismo, denuncia que no es razonable que un juez que se mete en política vaya a gozar de privilegios una vez que vuelva a la Carrera Judicial.
De nuevo podemos constatar, que con la que está cayendo en nuestro país, los dos grandes partidos se dedican casi exclusivamente a dejar “todo atado y bien atado” para que su gente pueda seguir manteniendo su tren de vida, ese tren de vida de “nuevo rico” que tanto le gusta a la casta política que padecemos, olvidándose de las penalidades que sufre parte de la ciudadanía.
Alguien se imagina a Mariano Fernández Brermejo, sí, el del escándalo de las cacerías, dictando una sentencia imparcial, antes me quedo con cualquier Belén Esteban con toga, me merecería mas garantías.