A finales de 2018 se produjo en Andalucía un hecho histórico que muchos ciudadanos llevaban décadas esperando. Los andaluces decidimos poner fin a casi cuarenta años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, una etapa marcada por numerosos escándalos de corrupción, redes clientelares y una gestión que dejó profundas heridas en nuestra tierra. Aquel cambio fue posible gracias a un resultado sin precedentes de VOX, que con 12 diputados se convirtió en una pieza clave para desalojar al socialismo del poder.
Sin embargo, lo que parecía el inicio de una nueva etapa pronto se reveló insuficiente. Aunque el PSOE abandonó formalmente la Junta, muchas de sus políticas, estructuras y formas de gobernar han continuado vigentes bajo la dirección del PP. Lejos de romper con el modelo anterior, se ha optado por mantenerlo, perpetuando así un sistema que ha demostrado sobradamente su ineficacia. Las consecuencias están a la vista de todos, Andalucía sigue liderando las tasas de paro y pobreza en España, las listas de espera sanitarias son cada vez más largas e insoportables, y continúan existiendo entramados ideológicos y estructuras subvencionadas que responden más a intereses políticos que al bienestar general.
Durante las campañas electorales asistimos a enfrentamientos teatrales entre socialistas y populares, pero la realidad es bien distinta. En lo esencial, coinciden. Coinciden en las políticas que perjudican a los andaluces y que, en muchos casos, vienen marcadas desde Bruselas, donde ambos partidos gobiernan en coalición y respaldan conjuntamente la gran mayoría de decisiones. Coinciden en la gestión de la inmigración masiva, en la imposición de políticas climáticas que asfixian a nuestro campo y a nuestra industria, y en la promoción de agendas ideológicas alejadas de las preocupaciones reales de la gente. Ante esta situación, los andaluces no deberíamos vernos obligados a elegir entre dos opciones que, en la práctica, sostienen el mismo rumbo.
El problema no es solo político, sino también económico y social. Cada euro que se destina a estructuras innecesarias, a redes clientelares, a corrupción o a burocracia excesiva es un euro que no se invierte en mejorar la sanidad, la educación o los servicios públicos que realmente necesitan los ciudadanos. Del mismo modo, cuando los recursos se gestionan sin priorizar a los propios andaluces, se debilita la capacidad del sistema para atender a quienes más lo necesitan. Esta dinámica no puede continuar si queremos un futuro próspero y justo.
A nivel nacional, la situación se agrava aún más. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez es presentado como un factor de inestabilidad que compromete la libertad, la prosperidad y el futuro de España. Frente a ello, VOX ha mantenido una oposición firme y constante, llevando a los tribunales numerosos casos de presunta corrupción. Mientras tanto, el PP ha sido acusado de facilitar la continuidad del Gobierno en momentos clave, contribuyendo a sostenerlo en lugar de combatirlo con determinación. Además, en los últimos años hemos visto cómo el bipartidismo ha pactado el reparto de instituciones fundamentales del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, RTVE o el Defensor del Pueblo, reforzando la percepción de que ambos partidos priorizan sus intereses por encima de los ciudadanos.
Frente a este panorama, muchos andaluces reclaman algo distinto. No quieren seguir recibiendo las migajas de un sistema agotado, sino recuperar la capacidad de trabajar, prosperar y construir su futuro sin trabas innecesarias. Reclaman una fiscalidad más justa, que no penalice el esfuerzo, un sector agrario libre de imposiciones burocráticas que dificultan su actividad, y oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su vida en su propia tierra sin verse obligados a emigrar.
Desde esta perspectiva, VOX se presenta como la única alternativa capaz de impulsar un cambio profundo en Andalucía. Un cambio basado en la llamada “Prioridad Nacional”, en la defensa sin complejos del campo y de la industria, en la reducción del gasto político superfluo, en la bajada de impuestos y en la recuperación de unos servicios públicos eficaces. También propone garantizar condiciones para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda y formar una familia, así como revertir leyes y políticas consideradas ideológicas y alejadas del sentido común. Todo ello acompañado de una postura firme frente a la inmigración irregular y descontrolada.
Andalucía, merece más. Merece un gobierno que rompa con las inercias del pasado y que sitúe en el centro a los andaluces. El próximo 17 de mayo se plantea como una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo, recuperar el sentido común y abrir una nueva etapa que responda a las aspiraciones de una mayoría social que demanda transformación y futuro. Y eso solo puede traérnoslo, VOX.
Es una oportunidad para bajar los humos de Moreno Bonilla