El presidente de la
Generalidad podría cometer los delitos de prevaricación, desobediencia y
sedición si realiza la consulta ilegal el 9 de noviembre.
La asociación de jueces
Francisco de Vitoria no tiene dudas. La condena por estos tres delitos podría
suponer condenas de más de 15 años de cárcel.
Este colectivo de
magistrados sostiene que, en caso de llevarse a cabo una consulta no autorizada,
en primer lugar se cometerá prevaricación por “dictar una resolución o mantener
una resolución convocando un referéndum cuando es ilegal”. En segundo lugar,
“podría darse una desobediencia grave al Gobierno de la nación”.
Se muestran rotundos en el
caso de estos dos delitos, pero además, podrían llegar a cometer sedición si en
el intento de llevar a cabo la consulta “se organiza una algarada o el propio
Gobierno de Cataluña intenta utilizar a los Mossos de Esquadra para proteger la
realización del referéndum”.
Las condenas para estos
delitos pueden oscilar entre la “mera inhabilitación” o la pena de cárcel. Por
un delito de desobediencia grave al Gobierno, los organizadores de la consulta
podrían ser castigados con penas de prisión de entre seis meses y un año
recogidas en el Código Penal.
En caso de que Mas
convocara finalmente el referéndum aunque fuera prohibido expresamente por el
Constitucional, el Gobierno podría proceder contra él y acusarle incluso de un
delito de sedición que, en su versión más grave, puede castigarse con hasta 15
años de cárcel si el autor fuera una autoridad.
Rajoy debería tenerlo
claro, si lo hacen que lo paguen, con la ley en la mano, suspensión de la
autonomía y los responsables a la cárcel.
Artur Mas, cada día que
pasa da muestras de más debilidad y todo parece indicar que al final optará
posiblemente por convocar elecciones. En esta tesitura en la que se encuentra es
lo más prudente, aunque la prudencia ha brillado por su ausencia en todo lo que
ha hecho estos últimos tiempos.
