Ayer fue aprobada en el Consejo de Ministros la nueva ley “contra la sanidad privada” y ahora le espera el trámite parlamentario. Una ley que el Gobierno pretende imponer por criterios puramente ideológicos y que por supuesto no responde a la realidad.
Las consecuencias de esta ley serán muy graves, más gasto, más problemas para los pacientes y muchas vidas que se perderán ante la imposibilidad de la pública en poder atenderlos como merecen.
Después de haber atendido a un 30% de los enfermos de covid durante la pandemia y de formar parte del Sistema Nacional de Salud desde hace décadas, el sector de la sanidad privada ve como este Gobierno pretende eliminar prácticamente toda la colaboración con ellos.
Que el Gobierno prohíba que la sanidad pública derive pacientes a la privada para aligerar las listas de espera, supone condenar a muerte a muchos pacientes de esos tres millones que están esperando. Es la primera vez que hay una ley en España que excluye del sistema nacional de Salud a la sanidad privada, algo que no ocurre en ningún país europeo.
Era conocido que los comunistas podemitas pretendían algo así, pero que los socialistas lo hagan suyo demuestra la desesperación de Sánchez, quien es capaz de todo con tal de seguir en el poder.
Lo que nos dice el Gobierno, es que quieren que la sanidad y el Sistema Nacional de Salud estén conformados sólo por lo público y lo privado, por tanto, no tiene cabida. Lo mismo querrían hacer con la enseñanza para convertirla en fábrica de votantes de izquierdas mediante el adoctrinamiento.
Y que conste, que del presupuesto público se destina a conciertos solo un 11%», un porcentaje en el que «hay una partida muy importante» que se dedica a ambulancias.
Cuando la derecha gobierne, tiene la obligación de derogar todas las leyes aprobadas desde Zapatero.