El Reglamento del Congreso estipula que los diputados proclamados electos tendrán que prestar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución en la primera sesión del Pleno al que asistan. Un acto que debería ser solemne, pero que se ha convertido en anteriores legislaturas y sobre todo en esta, justamente ayer, en un pitorreo insultante, en una absoluta falta de respeto a todos los españoles como depositarios de la soberanía nacional desde la Cámara que la representa.
La izquierda radical, los nacionalistas y los independentistas han convertido este acto solemne en una exhibición de juramentos variopintos en los que más que acatarla, se la ha atacado con la complicidad de una indigna presidenta de la Cámara.
Los diputados de PNV y EH Bildu han prometido en vasco, mientras que los parlamentarios independentistas de ERC y Junts han prometido en catalán utilizando fórmulas que más que acatar la Carta Magna, la atacaban y mostraban en muchos casos su intención de destruirla. Eso sí, la mayoría de los españoles y la mayoría de los diputados, no nos hemos enterado de lo que decían. Que pensará el mundo civilizado de nosotros que, teniendo una lengua común y conocida por todos, optamos por no entendernos. Pronto llegará el pinganillo y la traducción simultánea, todo muy difícil de entender, pero por lo visto muy necesario para que el infame de Sánchez siga en La Moncloa.
Tras finalizar las juramentos y promesas de los nuevos diputados, la nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, ha pedido la palabra para advertir de que los acatamientos en catalán, euskera o gallego y que en algunos casos usaban la coletilla «por imperativo legal» o ponían como meta las repúblicas vasca o catalana no son válidos. «Muchos diputados no entienden lo que están diciendo» y si están «atacando» o «acatando» la Constitución, ha advertido, y ha defendido que se incumplen sentencias del Tribunal Constitucional y por ello habría que invalidar dichos acatamientos. También, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido revisar los acatamientos al entender que se ha excedido la flexibilidad permitida hasta «desnaturalizarlos y vaciarlos de contenido» y ha pedido tener en cuenta el Reglamento del Congreso, la ley electoral y la jurisprudencia del TC. Además, ha anunciado que el PP se reserva la posibilidad de llevar a cabo acciones legales si constatan que se ha producido una vulneración, acciones legales que neutralizaría Pumpido en el TC.
Pero Francina Armengol ha sido puesta ahí por Sánchez, precisamente para eso, para dar por válido todo lo ilegal que se haga, por ello, ha reivindicado su competencia exclusiva como presidenta de la Cámara y ha dado por válidas todas ellas.
Ha quedado todo muy claro que Sánchez tiene a Armengol y a Pumpido, como sus dos sicarios y se van a encargar de desarmar al Estado hasta sus últimas consecuencias, inutilizar la Constitución e intentar romper la unidad nacional. Aquí la pregunta es cuando despertarán los españoles del profundo sueño en el que están sumidos y se tirarán a la calle.
No encuentro al garante de la Constitución y unidad de España. Como dice El Apocalipsis, mientras más castiga Dios, mas blasfemos e hijos de satanás.