Tras el incendio ocurrido en tres discotecas de Murcia y que ha causado 13 muertos, muchos heridos y varios desaparecidos, negocios que, al parecer, carecían de la licencia necesaria para estar abiertos al público, resulta obsceno observar las explicaciones que han dado quienes gobernaban antes y quienes gobiernan ahora, populares y socialistas, quedando claro que su única intención es la de escurrir el bulto y no afrontar sus responsabilidades por su clara dejación de funciones, pues los ayuntamientos tienen la obligación de velar por el orden y la seguridad públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 bis de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen local, así como en la normativa autonómica sectorial de aplicación.
Lo triste es que tenga que ocurrir un horror como el de Murcia para darnos cuenta de la necesidad de que todos los ayuntamientos deberían dictar orden inmediata de cierre, clausura y precinto de todas aquellas actividades destinadas a espectáculos públicos, actividades recreativas, representaciones o exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva, cuyo fin sea de esparcimiento, ocio, recreo y diversión, que se desarrollen en su término municipal, siempre que se desarrollen sin la licencia necesaria.
También a todos los promotores de todas aquellas actividades que, habiendo presentado el oportuno título habilitante, no hubiesen adoptado en plazo las medidas correctoras requeridas por parte de los servicios técnicos municipales, habría que advertirles que en caso de no verificarse dicho cierre en el plazo de cuarenta y ocho horas, desde la recepción de la pertinente notificación, se procederá por parte del Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias, a través de ejecución subsidiaria, llevando a cabo el cierre, clausura y precinto de la actividad de dicho establecimiento por ser clandestino.
Hay que apercibir a los interesados de la obligación que tienen de cumplir la orden de cierre y, en su caso, de no levantar el precinto, ya que en caso contrario se procederá a poner dicha circunstancia en conocimiento del Juzgado de Instrucción correspondiente por constituir un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal.
Pero nada de esto, que sería lo correcto, ha sucedido, por culpa de la dejadez de los ayuntamientos y por qué no pensarlo, porque más de un responsable político o técnico se ha dejado comprar por algún empresario a cambio de hacer la vista gorda y dejar los expedientes durmiendo el sueño de los justos. A eso se le llama corrupción.
Toda Murcia sabía que estas discotecas estaban abiertas, pero los responsables municipales, al parecer, lo desconocían. Ahora nos dicen que es posible que el inspector llegase y estuvieran cerradas. Son unos impresentables.