La Ley de Amnistía para el prófugo golpista Puigdemont y sus cómplices, supone un evidente ataque a la división de poderes y a la Constitución, una norma claramente inconstitucional, según han manifestado la totalidad de asociaciones de jueces, abogados del Estado, fiscales, abogados y procuradores en diferentes manifiestos. Lo mismo que se decía desde ese PSOE que hoy utiliza el eufemismo de cambio de opinión para explicar el enésimo engaño a sus votantes.
Esta amnistía que las fuerzas del mal que nos desgobiernan pretenden otorgar a los golpistas catalanes significa poner de rodillas al Estado, reconocer que el régimen jurídico que los llevó a ser condenados era ilegal y que tenían razón. Por lo tanto, supone de hecho la liquidación del Estado de derecho que surgió de la Constitución de 1978. Hoy, el derecho es el que quiera la dictadura instaurada por el PSOE de Sánchez, y podrán hacer cuanto quieran legalmente, es su legalidad la que rige, la legalidad de Sánchez y no la constitucional.
Desaparecida la división de poderes y declarado con claridad ilegal el derecho derivado de la Constitución, estamos sin lugar a dudas, ante una dictadura. Lo siguiente será, la represión de los disidentes, veremos qué medidas toman contra todos aquellos que denunciamos a diario lo que ocurre en nuestra querida España. Pocos contrapoderes quedan aún en el estado, algunos gobiernos regionales y locales, además de personas dentro de las diferentes instituciones y por supuesto, nuestro Rey, todos ellos contrarios a lo que está ocurriendo. La mayor incógnita es la de nuestro jefe del Estado, Felipe VI. Se atreverá a mover ficha o no lo hará, siendo consciente que lo es, que de seguir el golpe de Estado encubierto de Sánchez, él y sus socios, terminarán aboliendo la monarquía.
El PSOE, después de décadas simulando ser un partido socialdemócrata, ahora se muestra como lo que siempre fue, ahora queda al descubierto su auténtico ADN, su esencia totalitaria, violenta y corrupta, lacra y cáncer de España, algo que ha sido una constante en su historia.
En 1936, Largo Caballero, secretario general del PSOE, afirmaba: “No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad”. Ya en esos años, España sufría las tendencias separatistas y rupturistas de fanáticos supremacistas. Lluís Companys dio un golpe de estado contra el gobierno de Lerroux y proclamó el Estat Català dentro de la República Federal Española. Cataluña se independizaba de España, una independencia que duró solo 10 horas, pues todo el gobierno catalán fue detenido y encarcelado, juzgado y condenado por rebelión a 30 años de prisión. Sin embargo, desde la prisión, Companys supo atraer los votos de anarquistas y otros izquierdistas, colaborando en la tarea del frente popular y siendo posteriormente amnistiado por Azaña ¿Os suena?
El régimen político surgido de los consensos y pactos de convivencia de 1978 se sostenía en dos cuestiones, el equilibrio entre izquierdas y derechas, que pronto derivaron en un bipartidismo de poder al estilo de las democracias socialdemócratas liberales, y el infame equilibrio de las tensiones territoriales que propició el auge de los nacionalismos periféricos de tendencia separatista. Esto es lo que ha caracterizado a España durante cuarenta años. Ha sido el sistema y la actitud de los partidos políticos, en particular del PSOE y del PP, los que han mantenido en el tiempo estos movimientos independentistas, todo en aras de obtener el poder, infames maniobras que han denominado de gobernabilidad.
A esto se suma la corriente de amoralidad y desprecio por la verdad instaurada como sistema por ambos partidos, llevada al extremo por Pedro Sánchez. Además, hay que considerar la constante influencia de la politización en todas las instituciones del Estado, convirtiéndolas en rameras del poder, situación que el líder Sánchez ha aprovechado al máximo en estos años, acumulando el poder prácticamente en su totalidad. Ahora, todas las decisiones son juzgadas y revisadas por esas rameras, y la opinión pública se ve manipulada por propagandistas de la infamia, que actúan como portavoces y barraganas al servicio del poder totalitario establecido.