Pedro Sánchez, con la ayuda de sus cómplices parlamentarios, ha urdido una reforma judicial retroactiva, por lo tanto, manifiestamente ilegal, que lo único que pretende es auto amnistiarse a sí mismo, a su mujer, a su hermano, a miembros de su Gobierno y a cargos de su partido. Observamos atónitos el colmo de la poca vergüenza urdido por un presidente del Gobierno sin límites morales de ningún tipo.
La proposición de ley que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados, cercena la acusación popular, prohíbe a los jueces admitir querellas basadas en noticia de prensa, es decir, por informaciones aparecidas en los medios tras arduas investigaciones periodísticas; pretende reformar la “acusación popular”, según los socialistas, con la intención de proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial, de esa manera, la participación de la acusación popular quedará adscrita y limitada a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella, dejándole la instrucción al politizado Ministerio Fiscal y a los perjudicados directos por el delito, no obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión. Estará prohibido que la acusación popular la ejerzan partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, evidentemente, esa posible vinculación la decidirán, en estos casos, quienes han colonizado el Poder Judicial para ayudar a sus cómplices.
También elimina el delito de ofensas religiosas, eliminando el artículo 525 del Código Penal y añade causas para recusar a un juez, diciendo a este respecto: “Cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte”. Y esto lo hace un partido que siempre se ha caracterizado por meter a jueces en sus gobiernos y después se han reintegrado a su profesión ocupando sillones en órganos supuestamente independientes para colonizarlos.
Si Sánchez consigue que sus cómplices parlamentarios, esos que componen la jauría antiespañola de la Cámara Baja, apoyen esta aberración, evidentemente, dándoles lo que pidan en contra de los intereses de España y los españoles, por mucho que el PP o VOX traten de llevar el asunto al Tribunal Constitucional, saben que lo tienen perdido, pues allí está Cándido “Golpe” Pumpido, puesto allí para eso. Y Feijóo sin rectificar, malos tiempos nos esperan.
En busca y captura de un perjuro. El prostitucional no es de apelación, por lo que no puede enmendar un sentencia del Supremo, simplemente razonar en que se viola la Constitución, algo que no cumple
La presión mediática y popular harán que caiga. Este Sr Maduro no lo va a conseguir