Así es como el Gobierno andaluz de Juanma Moreno Bonilla (PP) ha gestionado la inmigración irregular en los últimos años, fomentando en la práctica un sistema de acogida masiva, habilitando albergues públicos y destinando cerca de 300 millones de euros a una política que cada vez más andaluces consideran equivocada y perjudicial para Andalucía.
Entre 2019 y 2025, casi 70.000 inmigrantes en situación irregular llegaron a las costas andaluzas, concentrándose más de la mitad en los primeros años, entre 2019 y 2022. Provincias como Almería, Cádiz, Málaga y Granada soportaron la mayor presión migratoria, con picos que desbordaron claramente los recursos disponibles. Lejos de apostar por medidas de control o contención, el Ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla optó por facilitar la acogida inmediata, consolidando un modelo que, en lugar de disuadir, ha terminado incentivando nuevas llegadas.
Uno de los ejemplos más claros de esta política fue la reconversión de albergues públicos de Inturjoven, destinados originalmente a jóvenes andaluces para vacaciones asequibles y actividades de ocio, en centros para inmigrantes ilegales. Esta decisión no solo desvió recursos públicos de su finalidad inicial, sino que además perjudicó directamente a trabajadores, privó a miles de jóvenes de estos espacios y generó conflictos en varios municipios. Todo ello con un elevado coste económico y con consecuencias sociales evidentes.
El punto de inflexión llegó en el verano de 2020, en plena pandemia. La Junta cedió albergues como el de Algeciras y el de Víznar para aislar a inmigrantes con COVID o contactos estrechos. También se utilizaron instalaciones en Torremolinos y Almería. Estos espacios, financiados con dinero público andaluz, dejaron de estar disponibles para su uso habitual, dejando a numerosos jóvenes sin opciones de vacaciones, precisamente en un momento especialmente delicado tras la crisis sanitaria.
En Almería, además, esta política tuvo un impacto laboral directo. El sindicato CSIF denunció el traslado forzoso de 16 trabajadores a otras provincias, incumpliéndose el compromiso inicial de no mover a la plantilla. Estos empleados vieron alterada su vida personal y profesional de forma abrupta, evidenciando una gestión improvisada y poco sensible con los propios trabajadores públicos.
El caso de Víznar, en Granada, fue especialmente polémico y revelador. El albergue se convirtió en un centro de cuarentena saturado, con más del doble de personas de su capacidad. Vecinos de la zona denunciaron la falta total de información y la llegada repentina de inmigrantes. Se produjeron fugas reiteradas, incluso de personas contagiadas, lo que incrementó la preocupación social. Además, se denunciaron condiciones de hacinamiento, fuerte presencia policial y la entrega de recursos como móviles, dinero o tabaco, lo que alimentó aún más la indignación vecinal.
Lejos de ser casos puntuales, estos episodios reflejan un modelo de gestión que ha generado inseguridad, tensiones sociales y una creciente sensación de agravio entre la población local. Muchos ciudadanos perciben que se ha priorizado la atención a inmigrantes irregulares frente a las necesidades de los propios andaluces. Mientras tanto, la red Inturjoven vio paralizada su actividad en momentos clave, como la temporada estival, y aún hoy sigue utilizándose para estos fines, prolongando el perjuicio.
El coste económico de esta política resulta difícil de justificar. La Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 ha movilizado más de 290 millones de euros solo entre 2021 y 2024. Parte de estos fondos se han destinado a centros de acogida y a menores extranjeros no acompañados, con costes que superan en algunos casos los 55.000 euros por MENA al año. A esto se suman gastos en seguridad, manutención y adaptación de instalaciones. Todo ello pagado por los contribuyentes andaluces, mientras el Gobierno autonómico se ampara en que el control de fronteras depende del Estado.
En conjunto, la utilización de infraestructuras públicas para este fin y la ausencia de medidas firmes de control han contribuido, según numerosas críticas, a generar un claro efecto llamada. Andalucía se ha consolidado como uno de los principales destinos de las rutas migratorias desde el norte de África, especialmente desde el entorno del Estrecho y Argelia. Lejos de resolverse, el problema sigue creciendo, arrastrando consecuencias económicas, sociales y políticas que la comunidad continúa soportando.
Por todo lo expuesto anteriormente, no deben de extrañar las opiniones vertidas por Moreno Bonilla en los medios mostrándose contrario a la “prioridad nacional” pactada por PP y VOX en Extremadura, pues para él, está claro que entre ayudar a un MENA o a un joven andaluz, prefiere ayudar al MENA. Con esos casi 400 millones que ha dedicado Moreno Bonilla a los inmigrantes en cinco años, cuanto bien se podría hacer a nuestros necesitados jóvenes.
Está claro que tenemos la posibilidad de replicar a Bonilla el mes que viene