Durante años, tanto el Partido Popular como el PSOE han promovido un modelo migratorio caracterizado por la apertura de fronteras, el “efecto llamada” y el multiculturalismo, lo que está transformando la realidad social, demográfica y cultural de España.
En el año 2000, la población extranjera en España no alcanzaba el 4%. En 2026 supera el 20%. En los últimos cinco años, han llegado cerca de tres millones de personas procedentes del extranjero. Solo en el último año, España ha recibido 1.200.000 personas, más que la suma de Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca.
Esta inmigración a gran escala está poniendo en riesgo el Estado del bienestar, construido durante generaciones por españoles que han trabajado con esfuerzo para garantizar un futuro mejor.
La regularización impulsada por el Gobierno de Sánchez beneficiará a unos 500.000 inmigrantes en situación irregular, cifra equivalente a la población conjunta de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora. Estas personas pasarán a tener acceso, en igualdad de condiciones que los nacionales, a la sanidad pública, prestaciones de la Seguridad Social, servicios sociales, ayudas al alquiler, Ingreso Mínimo Vital, tarjetas monedero autonómicas, subvenciones al transporte, becas y ayudas educativas, ayudas por nacimiento o adopción, cheque bebé, entre otras.
Al encontrarse un número significativo de inmigrantes en riesgo de pobreza, el uso potencial de recursos públicos que necesitan es enorme. Por eso, alrededor de dos millones de inmigrantes perciben prestaciones económicas directas del Estado. En 2024, los extranjeros recibieron el 28,71% del total del Ingreso Mínimo Vital. En comunidades como el País Vasco alcanzó el 48,50%, en Navarra el 34,95% y en Baleares el 61,79%. En provincias como Gerona y Lérida, los porcentajes fueron del 43,82% y 39,89%, respectivamente. Según el Ministerio de Derechos Sociales, en 2024 se destinaron 465 millones de euros a rentas mínimas de inserción para extranjeros, sin incluir a nacionalizados ni el IMV. Según el Ministerio de Trabajo, el 13,4% de las prestaciones por desempleo en 2024 fueron percibidas por población extranjera.
En parte, por este motivo, las listas de espera en Sanidad alcanzan cifras récord: 853.509 personas esperan una intervención quirúrgica, con una media de 121 días para operarse y 102 días para consulta con especialista. Las mayores demoras se registran en Andalucía (173 días), Cataluña (142) y Extremadura (137). Cada 18 minutos fallece una persona en lista de espera de dependencia. En el primer trimestre de 2026, han muerto 9.000 personas en esta situación.
Pero pese a conocerse todos estos datos, solo VOX defiende una idea que comparte un elevado porcentaje de españoles, hablamos de la prioridad nacional: los españoles primero en el acceso a vivienda pública y a cualquier tipo de ayuda o prestación social.
Se trata de una cuestión de equidad. Los españoles han contribuido durante generaciones al sostenimiento de un Estado del bienestar que hoy se encuentra deteriorado por la gestión política y tensionado por la inmigración masiva.
La prioridad nacional es un principio legítimo basado en la responsabilidad política. No implica arbitrariedad ni exclusión, sino aplicar un criterio de justicia que priorice a quienes forman parte de la comunidad nacional. La soberanía nacional debe permitir favorecer a los ciudadanos propios frente a otros residentes en el acceso a ayudas sociales. La Constitución no establece que los españoles deban quedar subordinados a los extranjeros.
Si el esfuerzo recae sobre el conjunto de la sociedad española, también debe hacerlo el beneficio, especialmente en situaciones de necesidad como desempleo, enfermedad o incapacidad laboral.
La prioridad nacional refleja un compromiso social basado en la pertenencia y en la protección de los más vulnerables dentro de la propia comunidad. Este principio también responde a una lógica de gestión: los recursos públicos son limitados y requieren establecer criterios de asignación. Es legítimo que los gobernantes prioricen a los nacionales al distribuir bienes y servicios financiados por todos.
Asimismo, la prioridad nacional puede actuar como un mecanismo disuasorio frente a la inmigración masiva, al evitar que el acceso a ayudas sociales resulte un incentivo. En ningún caso este principio vulnera la dignidad humana, ya que siempre debe garantizarse la asistencia básica y la atención en situaciones de urgencia.
El acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre el PP y VOX incorpora este enfoque, con la intención de servir como modelo para el conjunto del país. Dicho acuerdo propone adaptar el marco normativo vigente a las demandas de justicia social, legislando con responsabilidad, firmeza y compromiso con España y sus ciudadanos.
No hace falta que os diga que, si el PP no necesitara a VOX para gobernar, jamás llevaría a cabo estas políticas que prioriza a los españoles frente a los inmigrantes, por eso es tan importante votar en masa a VOX, para que de esa manera el PP se vea obligado a hacer lo correcto.
para defender esta idea no hace falta pertenecer a ningún partido en particular Es sentido común