Podemos, lleva en la política
española relativamente poco tiempo y ya acumula un bagaje penal que nos debería
preocupar. A los que se les llena la boca de insultos en relación a los casos
delictivos que protagonizan miembros del antiguo bipartidismo, en muy poco
tiempo “les están creciendo los enanos en sus filas”, terrorismo, pederastia,
narcotráfico, estafa, agresiones…
Llegaron diciéndonos que
llegaban a la política para cambiarla, para regenerarla, pero viendo a lo que
se dedican más bien parece que llegan para otra cosa muy distinta.
María Teresa Fernández,
teniente de alcalde de Fuenlabrada condenada por un delito de malversación de
caudales públicos por hacer una obra en su casa con dinero y materiales públicos
cuando era vicealcaldesa de la localidad en 2012.
Por un delito de tráfico de
drogas, fue condenado y obligado a dimitir José Oliver, dirigente del partido
morado en Baleares. Fue condenado en 2013 a 20 meses de prisión y 3.000 euros
de multa por la posesión de más de 148 gramos de metanfetamina.
Podemos tuvo que expulsar del
partido por un delito de corrupción a su parlamentaria valenciana, Covadonga
Peremarch.
El candidato de Podemos por
Badajoz fue detenido en abril del año pasado por corrupción de menores y
delitos relativos a la prostitución
Las hermanas Rosa y Paloma
Agudo, número 2 y 3 de la marca podemita, Ganemos en Valdemoro, fueron
condenadas a 3 años de cárcel por un delito de insolvencia punible, por
repartirse 600.000 euros que reclamaban a una inmobiliaria.
En Castilla y León, el
parlamentario regional de Podemos, Pedro de Palacio, fue condenado cuando era
menor por abusar de una niña. Acabo dimitiendo de su cargo por el sórdido caso
de pederastia en el que estaba involucrado.
Problemas con el tráfico de
drogas tuvo también el senador por Lanzarote, Ramón Galindo, detenido en 2008
por posesión de cocaína.
La senadora de Podemos por
Álava, Elvira García, expulsada del partido morado y tránsfuga en el Grupo
Mixto. Fue condenada por dejar de pagar el alquiler de la vivienda social de la
que disfrutaba en Vitoria. Pese a su nómina de casi 8.000 euros en la Cámara
Alta.
El senador por Guipuzcoa,
Josetxo Arrieta, ex miembro de ETA. Con tan solo 18 años fue detenido en San
Sebastián, junto a otros dos miembros de un comando terrorista.
El de las agresiones a
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es uno de los delitos
más habituales en muchos cargos de Podemos. Es el caso de José Bail, exdiputado
por Huesca y condenado por agredir en 2012 a la Guardia Civil en una protesta
contra el recrecimiento del pantano de Yesa.
El diputado de Podemos por
Tenerife, Alberto Rodríguez, popularmente conocido como el «diputado de
las rastas», fue citado por el Tribunal Supremo en relación con un delito
de desorden público cometido cuando, en la madrugada del 25 de diciembre de
2006, tuvo un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).
Por agresión a un concejal
del PSOE fue condenado el edil de Podemos en Jaén, Andrés Bódalo. Condenado a
tres años de cárcel y por reincidente, permanece en prisión.
En el Ayuntamiento de Madrid,
las distintas marcas bajo el paraguas de Podemos tienen a varios de sus
concejales imputados. La última, Rommy Arce, por un delito de odio. También
Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por prevaricación y malversación de caudales
públicos. La propia portavoz municipal, Rita Maestre, fue condenada por el
delito de ofensa a los sentimientos religiosos por asaltar la capilla de la
Universidad Complutense.
El delito de estafa tampoco
le es ajeno a Podemos. El gaditano Francisco Cano fue condenado por la
Audiencia Nacional a siete años de prisión por su participación en la estafa de
la empresa de inversión de bienes Arte y Naturaleza. Una estafa de carácter
piramidal.
La concejal de la marca
podemita Guanyar Alicante, Marisol Moreno, conocida como ‘Marisol la Roja’, por
injurias al Rey, la Fiscalía pedía para ella 10 meses de cárcel por las frases
«absolutamente vejatorias» que dedicó en las redes sociales a la
familia real. Finalmente fue condenada a una multa de 6.000 euros por injurias
a la Corona.
En 2015, el cabeza de lista
de Catalunya sí que es Pot por Tarragona, Gerard Bargalló, se vio obligado a
dimitir como diputado en el Parlament al conocerse que cobró el paro de forma
irregular.
En 2015, Salvador Salvatierra
de Toro, candidato de Podemos en Badajoz, fue detenido como presunto autor de
un delito de corrupción de menores y delitos relativos a la prostitución. La
Policía encontró en su domicilio un ordenador con imágenes de menores desnudas.
El dirigente de Podemos en
Extremadura y diputado autonómico, Eugenio Romero, ha sido acusado por dos
delitos de coacciones y desorden público.
Pero los problemas con la
Justicia, con Hacienda o con la Seguridad Social no le son ajenos tampoco a la
cúpula del partido. Los pagos opacos de Venezuela e Irán a Pablo Iglesias, la
beca-black de Íñigo Errejón, el caso del asistente sin contrato de Pablo Echenique,
los cobros irregulares de Carolina Bescansa o los problemas fiscales de Juan
Carlos Monedero son algunos de ellos.
¿Alguien con dos dedos de
frente cree, que un partido que alberga en su seno a este tipo de elementos,
está capacitado para gobernar ni siquiera un pequeño municipio?
