Escuchando ayer las palabras
del portavoz del gobierno en su comparecencia ante los medios, llegue a la
conclusión de que mi concepto de lo que debe ser una democracia, poco o nada
tiene que ver, con lo que “lo políticamente correcto” impone.

No estoy en absoluto de
acuerdo, en que nuestra supuesta democracia, y digo supuesta, porque sin
independencia judicial es imposible que la haya, pueda albergar los resortes
legales para destruir a la Nación. Lo que ayer se nos dijo, es que de manera
legal se puede destruir la unidad nacional.

Siempre he defendido, que a
los partidos políticos cuyo fin es el de destruir la unidad nacional, no se les
puede permitir estar dentro de la legalidad, puesto que los diputados, desde que
tienen su acta, tienen que representar a todos los españoles y mirar por el
interés nacional, cosa que evidentemente no cumplen los diputados nacionalistas
o independentistas.

Parece que se olvida, que la
democracia y su legalidad se asientan en la Nación, y que al romperse la unidad
de esa Nación, la legalidad y la democracia desaparecen. Por ello afirmo, que
la unidad nacional es lo más importante que hay que preservar, pues sin ella,
ni siquiera tendremos derechos ni libertades.

En pleno desafío independentista
de los poderes públicos sediciosos catalanes, conviene recordarle a quienes nos
gobiernan, a quienes no cumplen con su obligación de cumplir y hacer cumplir
las leyes, que en el caso de que se produzca una proclamación unilateral de
independencia, tienen que actuar de inmediato, porque de lo contrario, tienen
la obligación de entrar en escena los últimos garantes de la unidad nacional y
de la legalidad constitucional, que no son otras que nuestras FFAA con nuestro
Rey al frente. Evidentemente, esto sucedería en una situación límite, una vez
que quedara patente la incapacidad de los políticos elegidos por todos nosotros
para restablecer la legalidad.

No quiero terminar, sin hacer
mención a lo sucedido ayer en Barcelona. La CUP se negó a que el ayuntamiento
de Barcelona condecorara a los cuerpos policiales y de emergencias que actuaron
tras el brutal atentado islámico de Las Ramblas, aduciendo que está en contra
de la función represiva, calificando la acción de los Mozos cuando abatieron a
los terroristas, de “ejecución extrajudicial”. Con la ley en la mano, se podría
y se debería, instar a la ilegalización de esta banda de desalmados.

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