Si algo en común tienen los
nueve trabajadores que han firmado un manifiesto pidiendo la retirada del
proyecto de decreto para la creación de la Oficina de la Prevención de la
Corrupción en Andalucía, es que todos ellos han denunciado algún caso de
corrupción. Entre ellos está, el funcionario Luis Escribano, quien en su día se
negó a acatar las órdenes del director general, Juan Manuel Fernández Ortega,
por estar favoreciendo con ellas a municipios gobernados por el PSOE en
Granada; y también, Roberto Macías, el administrativo despedido por UGT
Andalucía al que el sindicato pretende ahora se le condene a cuatro años de
cárcel, bajo la alucinante acusación de “filtrar el fraude de las facturas
falsas del sindicato”.
Este proyecto de la Oficina
para la Prevención de la Corrupción, es la consecuencia del pacto de
investidura con Ciudadanos. Con su puesta en marcha, Ciudadanos se quiere
apuntar el tanto, pese a saber que la administración socialista ha ideado un
auténtico engendro con fines opuestos a lo que su nombre indica, es decir,
amparar a los corruptos y desproteger a los denunciantes.
Han firmado un manifiesto
en donde enumeran una docena de agujeros negros del nuevo ente administrativo,
y solicitan la retirada de esta medida, que aún está en fase de información
pública y de presentación de alegaciones.
La mencionada oficina, va a
carecer de una mínima objetividad e imparcialidad, pues no se regula la
selección y provisión de funcionarios que la forman, y quedará en manos de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Podemos pensar, que lo que se
va a crear es un nuevo nido de sicarios administrativos cuya misión va a ser la
de proteger las tramas de saqueo de fondos públicos de la administración
autonómica más corrupta de Europa.
Este supuesto nuevo
instrumento contra la corrupción, tal y como está concebido, supondría un
peligro para los denunciantes de corrupción, pues este ente no va a investigar
absolutamente nada, simplemente informará de cualquier denuncia de corrupción a
la consejería correspondiente y organismo afectado, para que ellos actúen, es
decir, se alertará a los corruptos y se dejarán vendidos a los denunciantes.
Una administración como la
andaluza, que lleva años acosando a quienes han denunciado corrupción y que
hace grandes esfuerzos para arruinarles la vida a todos ellos, no tiene
credibilidad ninguna en este ámbito.
