La
prostitución se define como el acto de participar en actividades
sexuales a cambio de dinero o bienes. Siempre se ha dicho de ella que
es el oficio más antiguo del mundo.
La
prostitución, es un negocio que genera más de cinco millones de
euros diarios en España, 1900 millones anuales, y que, por culpa de
su falta de regulación, se le ha entregado en bandeja a las mafias
de trata de blancas, a las redes de proxenetismo, a esos que dan
palizas, violan y amenazan a mujeres, indefensas ante las
organizaciones criminales que las explotan.
Para
los partidos políticos siempre ha sido un tema incómodo, por ello,
nunca lo han afrontado en profundidad y se han limitado a hacer
declaraciones políticamente correctas.
En
lo primero que tenemos que estar de acuerdo es en que si, una mujer o
un hombre, ejerciendo su libertad toma la decisión de dedicarse la
prostitución, la sociedad debe o no debe permitírselo, y lo
segundo, si en nuestra sociedad la prostitución debe estar permitida
por el hecho de cubrir una innegable necesidad básica de una parte
de la ciudadanía.
Tengo
muy claro, que la prostitución debería estar, legalizada y
reconocida, y que quienes la ejercen deberían ser tratados como
cualquier otro trabajador.
Quién
les puede negar tener los mismos derechos que cualquier otro
ciudadano, quien no puede estar de acuerdo en que sean trabajadores
que coticen a la Seguridad Social, tengan sus necesidades sanitarias
perfectamente cubiertas y que puedan disfrutar de una jubilación
digna.
Nuestros gobernantes piensan, que la solución es multar a los clientes de las prostitutas, cuando la solución es que se legalice la profesión, así estoy seguro de que los clientes preferirían acudir a quienes ejercen la profesión legal y libremente, que acudir a las esclavas de las mafias.
Posiblemente, algunos se opondrían a la legalización de esta actividad aduciendo posicionamientos de índole moral, unos muy respetables y otros muy hipócritas, pues algunos de los que se oponen de forma más enérgica luego son clientes de a quienes ellos le niegan la legalidad y la libertad.
También es sobradamente conocido, que algunos de quienes ostentan el poder, no quieren solucionar el problema por tener intereses económicos inconfesables en esos negocios, unos negocios que de ser legales les darían muchos menos beneficios.
Posiblemente haya sido el PSOE, el que en sus distintos programas electorales se haya posicionado más en este asunto, aunque siempre desde lo políticamente correcto. Desde reintroducir en el Código Penal la figura llamada de la «tercería locativa» (el que alquila habitaciones), sancionar la demanda y compra de prostitución, solo para recaudar, penalizar todo tipo de proxenitismo, algo lógico. Lo sorprendente, es que con estas medidas afirmaban que acabarían con lo que nadie ha podido a lo largo de la historia, algo que no se creen ni ellos.
