El
23 de noviembre de 2010 las asociaciones de víctimas suscribieron un
documento en el que pusieron las bases de un modelo de fin de ETA sin
impunidad. Como dijeron entonces, está en juego la fijación o no de
los principios de la Verdad, la Memoria, la Justicia y la Dignidad de
las víctimas de ETA, tanto de los asesinados, como de los heridos y
los familiares de todos ellos, también de los extorsionados,
secuestrados y amenazados por la violencia de persecución. Y del
conjunto de la sociedad en cuanto que toda ella se ha visto afectada
por el fanatismo identitario de ETA.
Nuestra
sociedad no debería olvidar que en un Estado de Derecho el derecho a
la justicia real no es negociable, ni relativo. El fin de ETA debe
ser manejado desde los principios que inspiran el Estado de Derecho.
El anuncio por parte de la banda terrorista ETA de una entrega de
armas, mediática y propagandística, requiere de una respuesta clara
y determinada. Por un modelo de fin de ETA sin impunidad. Con ley y
justicia.
No
al proyecto político de ETA.
Los
fanáticos de la identidad nacionalista han buscado a lo largo de
varias décadas destruir la pluralidad de la sociedad vasca y navarra
para el cumplimiento de su delirio. Se han valido para ello de
poderosos mecanismos de control comunitario, desde el amedrentamiento
a la propaganda en sus múltiples formas.
Por
ello, el futuro de la sociedad vasca y navarra no puede escribirse en
la estela del miedo y la autocensura generados por ETA, aunque su
acción terrorista haya dejado de amenazarnos. Si así ocurre, no
habrá verdad en la memoria, ni dignidad, ni justicia para sus
víctimas; porque las víctimas fueron asesinadas, heridas,
secuestradas, extorsionadas, vejadas o amenazadas con el objetivo de
conseguir la instauración del proyecto político de ETA y anular
otras ideologías.
Sí
a la justicia, no a la impunidad.
En
un modelo de fin de ETA que llegue a tolerar diversos grados de
impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se
convertirá en un cruel sarcasmo, por mucho que lleguen a instalarse
en los medios fórmulas retóricas eufemísticas tendentes a
enmascararlo. Existe en una parte de la opinión pública española
la tentación de pedir “generosidad” a las víctimas del
terrorismo, obviando que ello implica la renuncia a legítimas
reclamaciones, entre ellas la reivindicación de justicia, que es a
su vez un componente de la reparación. Esta demanda es un chantaje
moral, que es un tipo de microviolencia tremendamente dañino.
Sí
a la verdad, no a la falsificación de la historia.
Lo
primero que se debe exigir a la organización terrorista, y a su
trama política, es la condena de la historia de terror de ETA, de
toda su historia, para garantizar que no nos encontramos con una de
sus habituales jugadas puramente tácticas. De no hacerse así, uno
de sus objetivos clave para el futuro será seguir utilizando su
depurada capacidad propagandística para establecer que esa historia
del terror ha sido una historia legítima, un sacrificio heroico por
la patria; lo que añade a la impostura y la tergiversación de la
verdad el escarnio a tantas familias rotas como consecuencia del
empeño de llevar a cabo su proyecto totalitario. Si los responsables
del daño causado no asumen su responsabilidad y no repudian la
historia del terror contribuirán a relativizar nuestra memoria y
verdad, como si esta fuera una versión más a añadir a un
muestrario de relatos equivalentes.
Es
preciso evitar el establecimiento de un nuevo gran tabú comunitario:
el de la repugnancia a escuchar la verdad del horror y sus
ramificaciones en forma de violencia de persecución, extorsión o la
experiencia traumática de los miles de niños que crecieron con un
silencio obligado por la amenaza de muerte de sus padres.
La
política penitenciaria no debe convertirse en una política de
gracia.
Una
política penitenciaria que llegue a basarse en la excarcelación
anticipada de presos juzgados y sentenciados, enmascarándolo en una
aplicación laxa de la progresión de grados u otras medidas
similares, supondría una forma de impunidad. Firmar interesadamente,
a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el
daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes
que nunca se efectuará, es un fraude. Es precisa la colaboración
con las autoridades en el esclarecimiento de cientos de crímenes sin
resolver, tal y como indica la ley. El requisito de la colaboración
es el único que beneficia a las víctimas y que prueba el
arrepentimiento real de los criminales. La reinserción es un
objetivo deseable pero conlleva un arrepentimiento cabal respecto al
pasado criminal, el único medio capaz de romper la identidad entre
el asesinato (el acto) y el victimario (la persona).
Por
un final de ETA basado en la dignidad.
Los
ciudadanos y los gobiernos no han de perder la brújula moral ni
política, ni sobre ETA, ni sobre el Estado de Derecho. Un final de
ETA que se sostenga sobre la dignidad de sus víctimas es la deuda
contraída por el Estado de Derecho y que el Gobierno debe defender.
Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho, sin trampas ni atajos, es
cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de ETA, culpable de
la mayor conculcación de derechos humanos habida en la historia
reciente de España. Un final basado en la dignidad de los acosados y
asesinados es aquel que se construye sobre la verdad, la memoria, la
justicia y la reparación. La deslegitimación del lenguaje de ETA
es, simultáneamente, una condición inexcusable para afrontar otra
cuestión pendiente: El miedo y el desistimiento de una parte de la
sociedad durante los años del terror.
