La bestial crisis sanitaria
que padecemos y las medidas del Gobierno para luchar contra el coronavirus, se
han olvidado de grupos marginales que, ya en situación normal, viven en
condiciones extremas y precarias. Un caso de gran crudeza es el de las
prostitutas, quienes aparentemente han desaparecido. Un colectivo alegal que ni
siquiera tiene control sanitario específico, que están desprotegidas pese al
alto grado de contagio que supone el Covid-19 para ellas. Al no existir
legalmente, su posible desbocada infección no se conoce, ni parece interesarle
a nadie.
La única opción que han
tenido, ha sido la de ofertarse en las páginas web de contactos, que siguen
operando pese a que el estado de alarma supone, en la práctica, la prohibición
total de la socialización.
El trabajo sexual, lo
realizan personas que, en su gran mayoría, no pueden permitirse dejar de
trabajar, y que no cuentan con bajas pagadas por enfermedad, ni en esta
emergencia, ni nunca, y que por supuesto, quienes lo ejercen, tienen que pagar
alquileres y demás gastos fijos, como cualquier otro miembro de nuestra
sociedad.
Si en condiciones de
normalidad, las prostitutas viven al margen del sistema, ahora, en momentos de
excepcionalidad, la situación de las mujeres que ejercen esta tarea es
altamente preocupante, pues ejercen su trabajo a escondidas. Al no estar
reconocidas de ninguna manera como trabajadoras, no tienen acceso a ningún plan
de los anunciados por el Gobierno.
Siempre he mantenido, que la
legalización de la prostitución, que no la delictiva trata de blancas, es una
de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático. La prostitución
mueve anualmente en España unos 5.000 millones de euros, es decir, sobre el
0,40% de nuestro PIB, y se estima que existen alrededor de 100.000 prostitutas
en nuestro país.
