Tras conocerse el auto por
el que la juez, María Núñez Bolaños, archivaba la pieza política de la
macrocausa por el fraude en las ayudas a los cursos de formación para
desempleados, queda meridianamente claro porqué fue ella precisamente la que
sustituyó a su eminente antecesora, la juez Mercedes Alaya.
La magistrada titular del
Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, ha demostrado sobradamente que es el
instrumento del régimen socialista andaluz destinada por encargo a desactivar
todo el caso que con tanta, dedicación y valentía frente a las presiones, sacó
adelante su antecesora, y proporcionarle así impunidad a esa mayoría de
destacados socialistas que coparon buena parte de las subvenciones para la
formación de desempleados.
Cuarenta y cinco empresas
vinculadas al entorno andaluz, recibieron más de cien millones de euros en
ayudas a la formación en apenas tres años, y muchas de ellas cobraron y ni
siquiera los impartieron. Este hecho, a la Sra. Jueza, por lo visto, no le
parece ni siquiera sospechoso.
En cualquier país de
nuestro entorno, sería imposible que esto sucediera, pero si fuese así, al ver
el trabajo sucio que realiza esta jueza, sería apartada de inmediato de la
carrera judicial.
Tras facilitarle la
oposición la larga lista de socialistas beneficiados por las subvenciones, esta
señora considera normal que más de 100 millones de euros hayan ido a parar a
los bolsillos de ex consejeros, parientes de miembros de la cúpula del PSOE
andaluz, delegados de la Junta de Andalucía, ex parlamentarios socialistas,
vicepresidentes de diputaciones, alcaldes socialistas, y resto de miembros de
esa tela de araña que tiene tejida el PSOE en Andalucía desde hace décadas.
Nunca desde la Transición
se vio de manera tan descarada, que un juez, en vez de tratar de impartir
justicia, se dedique a lo contrario, a librar de la acción de la Justicia a los
delincuentes, a proporcionarles impunidad a los peones de la administración
autonómica más corrupta de España.
En estas líneas, expreso
una opinión que coincide con la de una parte importante de la ciudadanía
andaluza en particular, y española en general. Utilizo mi derecho a la libertad
de expresión desde mi conocida independencia, abochornado por el comportamiento
sectario de esta señora, que sin lugar a dudas, no merece ser titular de ningún
juzgado.
