Allá por la primavera de
2012, el Consejo de Ministros aprobó una Amnistía Fiscal, una decisión llamativa
y polémica. Medida encaminada, según manifestó el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a hacer aflorar 25.000 millones
de euros.
Debemos recordar, que hacía
menos de dos años, tanto el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como
la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, atacaron con dureza al
gobierno socialista por el solo hecho de insinuar la posibilidad de tomar esa
medida. Resulta sorprendente observar la incoherencia del PP, en este y en
otros asuntos importantes, pensaban una cosa cuando eran oposición, y tras
gobernar hicieron lo contrario.
Recordemos que la
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado expresó un
«rechazo total» a un «gravamen especial» para las personas
dispuestas a retornar capital a España o a hacerlo aflorar. Según los
profesionales, no sólo era «muy injusto», sino que podría ir contra
el artículo 31 de la Constitución Española que dice en su apartado uno “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”.
Desde 1992, la ley prohíbe
un perdón total, por lo que el patrimonio regularizado tributará a un tipo del
10%, mientras que los dividendos lo harán un 8%. Rajoy esperaba recaudar hasta
2.500 millones de euros. El propio Montoro aseguró que esta modalidad «se
ha practicado con éxito tributario en otros países».
Una medida tan agresiva y
polémica busca tanto, liquidez a corto plazo, como lograr aumentar la base de
contribuyentes, lo que hipotéticamente debería llevar también a un aumento en
la recaudación en el medio plazo. Pero los riesgos también son altos. Si los
ciudadanos cuentan con que pueden aplicarse amnistías de forma regular o
periódica, el incentivo para seguir respetado la legislación es menor. Y la
imagen del Ejecutivo como débil e incapaz de recaudar puede extenderse con
efectos perniciosos.
Una amnistía fiscal sólo
puede tener éxito si se percibe como un acontecimiento único, y además, debe
acompañarse de reformas que transmitan la sensación de que la evasión que era
posible antes ya no lo será.
Yo personalmente, estuve y
estoy radicalmente en contra de una medida como la Amnistía Fiscal, ya que, si
los ciudadanos de a pie pagamos con tanto esfuerzo nuestras obligaciones tributarias
todos los años, hay otros compatriotas nuestros que no lo hacen desde hace
tiempo, con lo cual se han ahorrado de pagar grandes cantidades de dinero, y ahora
el Estado les permite regularizar su dinero negro pagando exclusivamente el
10%, me parece indecente.
El Gobierno que aprueba una
Amnistía Fiscal, lo que demuestra es que se da por vencido en la persecución
del delito fiscal y toma una medida que beneficia a los ricos sinvergüenzas e
insolidarios.
A los ciudadanos a los que
nos cuesta tanto llegar a fin de mes, esta medida nos deja siempre un mal sabor
de boca, un sabor a traición.
Pese a lo que he dicho,
también tengo que decir, que a la sombra del escándalo provocado por el caso
Rato, muchos, entre ellos Pedro Sánchez, está pidiendo que se hagan públicos
los listados de las personas que se acogieron a esa Amnistía Fiscal, y que yo
estoy totalmente en contra de ello.
Estoy en contra, porque si
un Gobierno se decide a hacer una Amnistía Fiscal, los españoles que tienen
dinero negro oculto al Fisco, deciden regularizarlo porque confían en que las
condiciones en que se hace no van a ser cambiadas, cambiar a posteriori las
reglas del juego y romper esa confidencialidad le haría un grave daño a la
credibilidad del Estado, y por supuesto, de ahí en adelante nadie se fiaría de
él. Lo de Pedro Sánchez se llama oportunismo político, poco meditado e
irresponsable.
