El
Gobierno de Andalucía, ha afirmado desconocer cuanto dinero
defraudado a través, de las ayudas de los ERE y de los Cursos de
Formación, ha retornado a las arcas públicas. Y lo hace aduciendo
la peregrina excusa, de que conseguir dicha información “exigiría
una acción previa de reelaboración para la que carece de medios
técnicos razonables”, ya que, por increíble que parezca, en la
administración andaluza no existe un programa informático que tenga
procesados y centralizados estos datos.
Los
verdaderos perjudicados del saqueo de las arcas públicas, son sin
duda los propios andaluces, y estos como mínimo, tendrían que pedir
responsabilidades a quienes les malgobiernan, pues a estas alturas,
pocos dudan de que ese saqueo, planeado y puesto en funcionamiento
por la propia administración andaluza, constituida en una clara
organización criminal, es el responsable final de la pérdida de
calidad y de los recortes en los servicios básicos que reciben los
andaluces.
Si
en cualquier empresa privada, sus gestores dieran ese tipo de
explicaciones para justificar su incapacidad, serían inmediatamente
despedidos. Aquí, en cambio, muchos de los damnificados les vuelven
a votar, caso digno de ser estudiado por especialistas.
Cuando
la Junta alega que carece de medios, produce sonrojo. De que les
sirve su administración paralela, toda esa legión de enchufados que
cobra mucho y trabaja poco, ¿es que no sirven ni para llevar las
cuentas claras? Aunque lo mismo, en su afán de destruir pruebas,
nadie es capaz de poner en pié las cuentas de los delitos que
perpetraron.
Pero
no nos engañan, la Junta de Andalucía, repartió ayudas a
discreción entre empresas y falsos prejubilados con cargo a la
partida de los ERE. En las ayudas sociolaborales y a empresas, se
omitieron premeditadamente trámites esenciales a la hora de
otorgarlas, incluso en algunos casos, los beneficiarios ni siquiera
las solicitaron por escrito.
El
juez Álvaro Martin, ha enviado al banquillo a los ex presidentes de
la Junta, Chaves y Griñan, y estima que entre los años 2000 y 2011,
la administración andaluza repartió de forma, discrecional o
arbitraria, casi mil millones de euros. De ello, se beneficiaron
personas que ni siquiera habían trabajado en las entidades
subvencionadas, hablamos de los denominados “intrusos”, empresas
cercanas a la órbita del PSOE, entidades vinculadas a los
sindicatos, CCOO y UGT, consultoras, aseguradoras, comisionistas
varios y despachos de abogados. Es evidente que el PSOE reparte más
entre los suyos lo que roba, un estilo muy distinto al del PP, pues
ahí el botín se lo reparten entre unos pocos.
