El pasado 27 de marzo,
declaró en calidad de testigo ante la juez Alaya, el interventor de la Junta de
Andalucía, Ignacio García Revilla. Unas declaraciones, que de ser ciertas,
tendrían consecuencias inmediatas si nos encontráramos en cualquier estado
democrático de nuestro entorno. Pero claro está, esto es España, la España de
las autonomías.
Según lo manifestado por
este funcionario, la Consejería de Empleo engañó sistemáticamente a la Intervención
de la propia Junta de Andalucía para así mantener en el tiempo el fraude de los
cursos de formación y evitar así, que fuese descubierto.
También declaró, que tiene
pruebas indirectas de que la Junta de Andalucía actuaba premeditadamente para favorecer
a determinados beneficiarios de ayudas. Incluso declaró, que como ciudadano,
tiene la impresión de que existía un sistema implantado para seguir alimentando
a ciertas empresas a base de ayudas “como fuera”.
Teóricamente, la
Intervención tiene la facultad de requerir la documentación justificativa de
las subvenciones, pero se evitaba colapsándola con un número ingente de ayudas
pendientes de justificar, sin tiempo ni medios para fiscalizarlas, ya que la
ley le da muy pocos días de plazo para hacer su trabajo.
Debemos recordar, que
cuando se realizó un muestreo de las justificaciones de ayudas, se descubrió
que los certificados emitidos por las direcciones provinciales del SAE
acreditativos de que la subvención se empleó para la finalidad que se concedió,
estaban falseados sistemáticamente. Por ello, el interventor lo dejó claro en
su declaración afirmando que los certificados que expedía el SAE dando por bien
empleado el dinero de las ayudas no coincidían con la realidad.
Aunque el interventor fue
mucho más allá, ya que comparte la tesis de que el procedimiento responde a un
mismo esquema en las ocho direcciones provinciales del SAE, dirigidas por ocho
cargos distintos.
Es muy normal, que la juez
Alaya, piense que todo respondía a un diseño impuesto desde mucho más arriba en
el organigrama de la Junta de Andalucía.
Ahora que el Partido
Popular, Podemos y Ciudadanos, se están pensando si hacen posible la
investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, yo me
pregunto qué razones de peso dará el que perpetre ese apoyo que necesita el
PSOE, pues es evidente, que aunque simplemente opte por la abstención, se
convertirá en colaborador necesario de la degradación democrática y de la
corrupción.
