En Andalucía no tenemos día
sin polémica, y de eso se encarga sobradamente la Junta de Andalucía tomando
decisiones, que como mínimo, levantan ampollas en sectores de la sociedad
andaluza.
La Dirección General de
Ordenación Educativa, según orden fechada el 20 de junio, va a impedir que los
alumnos de ESO con discapacidades que están recibiendo de forma integrada
educación en un centro escolar van a tener casi imposible pasar al ciclo
siguiente, ya que estos chicos, que necesitan una educación especial, la
conocida como ACS (Adaptación Curricular Significativa), puedan puntuar más de
un 4. Aunque su nota fuese un 10, hay que suspenderlos.
El programa informático
“Séneca” de la Consejería de Educación, es el sistema por el que se le comunicó
a los institutos. En dicho programa, los centros ponen de forma telemática las
notas de los alumnos, y en él se encuentran bloqueadas las notas superiores a 4
de los alumnos con ACS.
La decisión de la Junta de
Andalucía falta claramente a los principios de legalidad e igualdad, pues a un
alumno con necesidades educativas especiales se le discrimina con respecto al
resto de alumnos. Va claramente contra la norma general establecida
perjudicando al sector más débil del alumnado.
Creo que todos conocemos
casos, de alumnos con algún tipo de estas problemáticas, que haciendo un
descomunal esfuerzo tratan de pasar de curso, chavales que pese a arrastrar un
enorme problema psicomotriz, lo compensan con sus altas capacidades intelectuales.
Los medios informativos, en
varias ocasiones se han hecho eco de alumnos, por ejemplo, con síndrome de
Down, que han sido capaces de conseguir una licenciatura universitaria, algo
que hemos acogido con sorpresa pero conscientes del mérito que eso supone. Con
esta polémica e injusta decisión de la Junta, en Andalucía casos como estos
jamás se repetirán.
Incluso la Unión Sindical
de Inspectores de Educación, ha advertido al director general de que lo
aprobado es una tropelía. No nos debe extrañar, que a partir de ahora dicha
orden sea recurrida en los tribunales.
El objetivo debe ser
siempre el de ayudar e integrar a los alumnos con problemas, y nuca el de
impedir su progresión, aunque la Junta no parece entenderlo.
