Esta semana ha sido noticia
lo manifestado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien por lo visto
pretende resucitar la antigua censura.
Nuestro Gobierno pretende
impulsar un debate acerca de si se debe sancionar a los medios de comunicación
que difundan datos contenidos en sumarios declarados secretos.
Teniendo en cuenta, que la
Constitución establece como únicos límites a la libertad de información los de
veracidad y de relevancia pública, es evidente que este Gobierno debe dirigir
su punto de mira hacia los funcionarios que tienen la misión de custodiar la
información y que la filtran, así como, investigar qué perciben por dicha
filtración.
Si lo que subyace en la
pretensión del ministro es la de controlar a la prensa, se ha pasado varios
pueblos. Entendemos que el Ejecutivo esté muy nervioso al encontrarse acosado
por innumerables escándalos de corrupción, pero de ahí a pretender
retrotraernos a prácticas propias de una dictadura, pasa de castaño a oscuro.
Este Gobierno pretende, que
los sumarios dejen de ser secretos cuando le convenga al ejecutivo de turno, y
que así, los ciudadanos voten a ciegas sin conocer las posibles fechorías
cometidas por los candidatos, así de claro.
Lo que sucede, es que nada
es como debiera ser, aquí la Justicia es dependiente del poder político y en
los medios no existe la pluralidad, pues sus propietarios tienen siempre una
línea editorial muy marcada, por ello, si la filtración veraz de un sumario judicial
perjudica a un partido por el que ellos apuestan, nunca verá la luz, algo que
no debería pasar en una sociedad libre y plural.
