Las Autonomías han
convertido España en el país de la Unión Europea más descentralizado en cuanto
a capacidad normativa en materia fiscal.
En nuestro país existen
casi 100 gravámenes diferentes, cifra que nos da de sumar los impuestos del
Estado y los de las distintas CCAA. Incluso ya se tiene previsto aumentar su
número con la creación de la nueva figura que grava las bebidas, azucaradas y
carbonatadas, y otro gravamen medioambiental.
Todos conocemos el IRPF, el
IVA o el Impuesto de Sociedades, pero la mayoría de los demás son completamente
desconocidos para la mayoría de los ciudadanos y forman parte de una maraña destinada principalmente a sacar el dinero a
los ciudadanos para que quienes dirigen las taifas puedan tener alimentados sus
chiringuitos clientelares.
Incluso a estos impuestos,
estatales o autonómicos, habría que sumarles también, las diferentes tasas de
los ayuntamientos y determinadas contribuciones especiales.
Lo cierto es, que esta
disparidad normativa lo único que genera es inseguridad jurídica a los
administrados, y por supuesto, constituye un gran freno a cualquier compañía de
fuera que pretenda instalarse en toda nuestra geografía, pues para ellos es un
auténtico lío adaptarse a normativas distintas dependiendo en que CCAA estén
haciendo el trámite.
La organización territorial
que nos dimos allá por 1978, ha significado un rotundo fracaso, un gran freno
para nuestro progreso y bienestar, pero ningún político se atreve a reconocerlo
y rectificar, pues hacerlo y acabar con las Autonomías significaría para ellos,
perder las áreas de poder que controlan en las diferentes taifas, y sobre todo,
dejar sin pienso a esos pesebres con cuyos votos son “cabezas de ratón”.
Siempre he tenido claro, que es mejor ser “cola de león” y que el león sea
España.
