Si en 2008 España tenía casi 3 millones de empleados públicos, en 2022 tiene medio millón más, lo que sumados, a los 9 millones de pensionistas, los parados con prestación y los que cobran pensiones no contributivas nos lleva a que, en la actualidad, más de 16 millones de españoles dependen de una nómina del Estado, más de un tercio de los españoles dependen de la ubre pública. Una realidad que nos lastra e impide nuestra recuperación y ese despegue económico que todos deseamos.
Es sangrante que, en estos tiempos tan difíciles en lo económico, los políticos no se corten un pelo y sigan creando estructuras administrativas improductivas y prescindibles para colocar a sus amiguetes. Desde Moncloa, quienes nos gobiernan amplían, más y más, sus contrataciones destinadas a dar un sueldo a los suyos y a fortalecer esa estructura que les puede ayudar a mantenerse en el poder. Pero si lo del Gobierno central es criticable, lo que pasa en las distintas CCAA es de juzgado de guardia, pues en los distintos gobiernos regionales es donde, de verdad, los distintos partidos se encuentran a sus anchas, haciendo y deshaciendo, creando aún más entes inútiles y contratando a sus respectivos enchufados.
Aquí en Andalucía es quizás donde se ha visto con más claridad, gobernó el PSOE durante cuatro décadas, se hartó de contratar a los suyos, llegó el PP, no despidió a casi nadie de los supuestos trabajadores de las legiones socialistas y claro está, ellos tenían que meter también a algunos de los suyos, resultado, más enchufados y menos, sanidad y educación, porque los servicios básicos que recibimos los ciudadanos son las más perjudicados de semejante despilfarro. El Estado Autonómico es el Estado del Bienestar de los partidos políticos, por eso no quieren quitarlo, pero nosotros cada vez con menos bienestar.