Es evidente que la demografía de España ha cambiado de manera significativa en los últimos años, pues en solo 20 años, la cantidad de personas nacidas en España con edades entre 20 y 39 años ha disminuido en 4,57 millones. En 2003, este grupo clave para el futuro del país sumaba 12.408.592 personas, pero en 2024 ya se había reducido a 7.837.194, lo que representa una caída del 36,8%. En otras palabras, aumenta el número de personas mayores y disminuyen los jóvenes españoles.
Las tasas de natalidad andan por los suelos. España registró en 2023 la segunda tasa de fertilidad más baja de la UE y aun con ello, un tercio de los niños nacidos fueron de madres extranjeras. Con tan sólo 1,12 nacimientos por mujer, por otra parte, la edad media en la que las mujeres españolas son madres alcanza ya los 31,1 años.
Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, la población española ha disminuido en 621.466 personas, mientras que la población extranjera ha aumentado en 2.703.938. A este paso, España contará en 2045 con más extranjeros que autóctonos, siendo Alicante la primera provincia víctima de la “sustitución” y Córdoba la última, en 2073.
Dada esta situación, el debate sobre el aumento de la inmigración y su impacto en el acceso a los servicios públicos ya no distingue entre inmigración legal o ilegal. La saturación de ambas se puede constatar señalando que en España ya viven 39.761.459 personas nacidas en el país mientras que 9.036.416 nacieron en el extranjero, una cifra histórica. El número de personas que obtuvieron la nacionalidad española en los últimos cinco años llegó a 901.273.
Los servicios públicos son utilizados cada vez más por personas extranjeras y más allá de debatir si contribuyen o no al sistema, conviene recordar que el Gobierno de España debe responder, ante todo, ante los intereses de los españoles. Su primera responsabilidad no es con la comunidad extranjera, sino con quienes sostienen el país con su pertenencia. Gobernar implica establecer prioridades, los españoles necesitan que se les dé preferencia en el acceso a los servicios públicos fundamentales. Esto no es una cuestión de ideología, sino de responsabilidad del Gobierno de España hacia quienes conforman su nación.
En definitiva, es imprescindible estructurar la prioridad nacional en España respondiendo al deber ineludible de proteger, en primer lugar, a los españoles, garantizando que quienes han nacido, crecido o han construido aquí su vida sean los primeros en acceder a los recursos públicos que sostienen con su esfuerzo. En un contexto de creciente presión sobre los sistemas de bienestar, es un acto de justicia y de compromiso con la nación asegurar que las ayudas, servicios y oportunidades lleguen prioritariamente a quienes forman parte del pueblo español. Se trata de afirmar con claridad que España cuida primero de los suyos, fortaleciendo la lealtad recíproca que da sentido a la soberanía nacional.
El año de no retorno, el año en el que España y posiblemente Europa entera, el año en el que la civilización cristiana u occidental será vencida sin lucha alguna, será 2050. Desde primeros de siglo han gobernado España, socialistas y populares, siempre contra nosotros y favoreciendo esa sustitución poblacional. Un dato importante, la propia Comisión Islámica confirma que en suelo español ya hay 1.800 mezquitas.
Aún estamos a tiempo me revertir ese futuro tan negro al que nos dirigimos, pero a estas alturas ya sería tomando decisiones contundentes. A estas alturas ¿alguien ve a este PP o al PSOE tomando esas necesarias e imprescindibles medidas? Yo desde luego que no.
Una pena no poder hacer nada