Mientras Rajoy nos sigue
diciendo la solemne tontería de que “nadie puede creer de buena fe que personas
que han jurado o prometido un cargo público para cumplir y hacer cumplir la ley
puedan dejar de hacerlo” que eso es inimaginable, ayer en la Diada se
manifestaron muchos, pero escasamente un 10% de los ciudadanos de esa comunidad
para pedir la independencia. Ha llegado la hora de la verdad y el salto al
vacío asusta ya a muchos.
Los independentistas
catalanes parecen olvidar que en democracia la voluntad popular no se mide en
función de cuantos acuden a las manifestaciones, en democracia se mide esa
voluntad popular votando según marca la legislación democrática que todos nos
hemos dado. Es evidente, que sin respeto a la ley no hay democracia.
Ayer, el gobierno
“golpista” de Cataluña, pretendió hacer una demostración de fuerza para tratar
de intimidar al resto de los ciudadanos españoles, incluida la gran mayoría de
ciudadanos catalanes que no acudieron. Utilizan los resortes del Estado para
destruir la legalidad vigente.
Rajoy parece que no termina
de enterarse de que, como presidente del Gobierno de España, tiene el deber
inexcusable de salvaguardar la legalidad. El Estado es el único que tiene
competencias para celebrar un referéndum sobre la unidad territorial de España,
y el sujeto donde reside la soberanía es la totalidad del pueblo español.
El Ejecutivo tiene el deber
de perseguir a quienes no respetan las leyes, llevarles ante los tribunales y
que estos les impongan la pena correspondiente. Muchos españoles empezamos a no
estar satisfechos ni siquiera con la posible y aconsejable suspensión de la
autonomía catalana, pedimos más, pedimos que los responsables de todo esto sean
procesados, juzgados y condenados.
