Los españoles que respetamos
las leyes, observamos con perplejidad el hostigamiento delictivo que se está
llevando a cabo, desde todos los ámbitos, contra VOX. Y echamos de menos que la
Justicia no empiece a actuar de oficio contra los responsables, esos que
perpetran todo tipo de acciones delictivas tipificadas en nuestro código penal.
Los ciudadanos españoles,
observamos asombrados, como a un partido político al que se le auguran
resultados electorales espectaculares el 28-A, se le impide colocar mesas
informativas en la calle como en Vigo, cuando las coloca, son atacadas y sus
militantes son acosados y hasta agredidos; sus sedes son sistemáticamente
objeto de ataques, y como ha ocurrido en Barcelona con su alcaldesa Ada Colau,
tras tener todos los permisos y haber pagado la tasa correspondiente para
celebrar un gran acto el 30-M, el ayuntamiento se inventa unas obras de
mantenimiento en la misma fecha y deniega lo que antes autorizó cometiendo una
clara prevaricación.
Y eso, además de ser la
formación que dirige, Santiago Abascal, insultada a diario en esa mayoría de
medios de comunicación tóxicos y antiespañoles, medios que se inventan o
exageran insignificantes noticias con el fin de intentar hacer daño a VOX.
Lo que se está cometiendo
contra VOX no puede tener cabida en ningún sistema democrático, porque cuando
le impides a un partido comunicar sus propuestas a los ciudadanos, lo que
realmente estás impidiendo, es que esos ciudadanos desde su libertad puedan
acudir donde deseen a escuchar el mensaje que consideren oportuno.
