En una España inmersa en una terrible crisis nacional, institucional, económica y sanitaria, con su unidad y su Constitución amenazadas, nuestros diputados han votado la Ley Trans, promovida por el Gobierno y que instaura eso que se ha denominado “libre autodeterminación de género”.
Este desgraciado proyecto ha salido adelante y por ello, cualquier ciudadano, dando igual que sea un violador o cualquier maltratador, ya puede elegir su sexo legal, sin que tenga que existir ninguna relación con su sexo biológico y sin ser necesario ningún tipo de tratamiento, ni siquiera un informe médico o psicológico que acredite que la persona se siente de un sexo diferente al biológico.
Por una mera declaración de voluntad, un hombre pasará a ser una mujer a todos los efectos legales, manteniendo intactos sus órganos sexuales e incluso su aspecto externo, podrá entrar en vestuarios femeninos, competir en categorías deportivas femeninas o incluso ser recluido en un centro penitenciario de mujeres, algo que ya ha pasado en algunos países, donde violadores que supuestamente “se sentían mujeres” fueron a cárceles femeninas donde volvieron a violar.
No es de extrañar que la mayoría de las líderes feministas, entre ellas muchas socialistas, se haya manifestado en contra de este atropello. Esta ley de un Gobierno de izquierdas es la que más rechazo ha generado entre las representantes históricas del movimiento feminista. No es extraño, esta ley es el ataque más grave que han recibido las mujeres, porque supone que la propia condición de mujer es, simplemente, una cuestión de voluntad o capricho.
Pero no solo las mujeres están en peligro, nuestros niños y nuestras niñas se verán amenazados. Desde antes de la adolescencia podrán ser mutilados de forma irreversible por medio de una cirugía de reasignación de sexo. Podrán también ser sometidos a un tratamiento hormonal que les generará dependencia de por vida, que limitará su crecimiento y tendrá devastadores efectos secundarios. Y este proceso se podrá llevar a cabo incluso sin consentimiento de sus padres, que no podrán entorpecer el proceso de autodeterminación de género del menor so pena de que su hijo sea declarado en situación de riesgo, extremo que puede acarrear incluso la separación del menor de su familia.
Ningún niño está libre de los peligros que describo. De acuerdo con las leyes Trans ya vigentes en muchas comunidades autónomas, todos los colegios, tanto públicos como privados, tendrán que aceptar que activistas impartan a los alumnos charlas de educación afectivo-sexual. Charlas en las que nuestros niños escuchan, desde edades muy tempranas, que su sexo no tiene por qué ser el “sexo que le asignaron al nacer” y que pueden elegir libremente ser niños o niñas. Estamos ante una ley totalitaria y anticientífica, una ley devastadora que pisotea derechos fundamentales.
En muchos casos estas leyes fueron promovidas por el PSOE, Ciudadanos y Podemos con la triste connivencia del Partido Popular. En otros, como es el caso de Galicia, fueron respaldadas por una mayoría absoluta del Partido Popular del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. En el año 2016, en la Comunidad de Madrid se aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, una ley que suponía un ataque contra las libertades de todos los madrileños, una ley que, a fecha de hoy, Isabel Díaz Ayuso, mantiene vigente.
Las leyes Trans y LGTBI aprobadas por el PP en Madrid y Galicia van en la misma línea de la aprobada hoy por el Gobierno, antes Feijóo y ahora Ayuso, comparten los dogmas ideológicos de una teoría que atenta contra la mujer, contra los niños, contra la biología y contra el sentido común.
Resulta inadmisible, que este PP de Feijóo se indigne y diga que está en contra de la ley aprobada y que a la vez mantenga en las CCAA de Madrid y Galicia la misma aberración legislativa.
En el Partido Popular deben pensar que esa contradicción no le quitará votos, pero se equivoca, pues hay otra opción política, y me refiero a Vox, que estuvo, está y estará siempre en contra de semejantes desatinos legislativos.