Quim Torra se ríe de nuevo
del Estado de derecho, pues la resolución de la Junta Electoral Central (JEC)
que le concedía un ultimátum de 24 horas para retirar, todos los lazos
amarillos y las esteladas, de los edificios públicos para garantizar la
neutralidad en periodo electoral, ha vuelto a ser incumplida por el gobierno
catalán.
Ante este nuevo desafío al
Estado, un Gobierno decente, replicaría con contundencia ante esta agresión del
gobierno separatista catalán contra la legalidad. Pero la realidad es muy
distinta, porque mientras la generalidad catalana está instalada en la
desobediencia, Pedro Sánchez y su gobierno se niegan a actuar, la causa es muy
sencilla, sabe que tras el 28-A le pueden hacerle falta los votos de Torra y
los suyos para mantenerse en La Moncloa, por ello, quienes dirigen la JEC no
reciben órdenes del Ejecutivo para denunciar los hechos ante la Fiscalía para
que ésta inicie un proceso penal por desobediencia. Conviene recordar, que
contra una alcaldesa de la CUP en la localidad de Berga se dictó condena de
inhabilitación por hechos casi idénticos.
Lo que está ocurriendo es muy
grave, Torra persiste en su desobediencia, y no hay réplica del Estado. El
pérfido de Sánchez pone su tacticismo electoral por delante del cumplimiento de
la legalidad. No olvidemos nunca, que el Gobierno de España tiene la obligación
de cumplir y hacer cumplir la legalidad.
Nos guste o no nos guste, hay
que reconocer, que un gobierno autonómico se ríe de la legalidad y el Estado no
reacciona, grave precedente de impunidad, peligroso mensaje el que reciben los
delincuentes de todo tipo.
