Mercedes Alaya, juez
titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, remitió ayer el caso ERE al
Tribunal Supremo, el encargado de investigar a los aforados nacionales. Como de
los nueve aforados solo los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y
Griñan, y el diputado Viera, reúnen ese requisito, es probable que a los otros
seis ex consejeros andaluces los remita al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía para que el los juzgue, de esa manera se fragmentará el proceso, algo
poco recomendable.
En pocas semanas, el Tribunal
Supremo decidirá si admite los indicios de conducta delictiva esclarecidos y
razonados por la juez Alaya y a cuantos aforados decide investigar. Si el TS no
lo admitiera sería un escándalo de gran magnitud y de consecuencias
devastadoras para nuestra maltrecha democracia.
Nos encontramos ante un
caso muy complejo de corrupción con 200 imputados y un fraude de 1200 millones
de euros cometido a lo largo de quince años de gestión política diseñada para
saquear las arcas públicas.
Ahora empezamos a conocer
como el PSOE se ha mantenido en el poder durante tantos años, creando una trama
corrupta en connivencia con sindicatos y empresas intermediarias con el
objetivo de financiar redes clientelares y nepotistas para tener garantizado el
voto.
Jamás ningún juez español
se enfrentó a tan bestial caso de corrupción, sin contar, con una Junta de
Andalucía que ha entorpecido su trabajo siempre que ha podido.
Los andaluces que no
comemos del pesebre del régimen sabemos que son culpables y que deben ir a la
cárcel, pues quienes dirigen semejante mafia para malversar fondos públicos y
favorecer, a familiares y amiguetes, merecen ser investigados, juzgados y condenados.
Si Chaves, Griñan y sus
colaboradores no van a la cárcel, los ciudadanos dejaremos definitivamente de
creer eso de que en este país hay Justicia y que es igual para todos.
