Aunque desde mi punto de
vista, la sentencia del caso ERE ha sido bastante blanda, pues a personajes
como Manuel Chaves, Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, que ya son políticos
jubilados, condenarles a años de inhabilitación suena a broma, parece más un
insulto a la ciudadanía que una condena, lo cierto es, que la sentencia
confirma plenamente, que la Junta Socialista de Andalucía repartió de forma
arbitraria la friolera de 680 millones de euros desviándolos del presupuesto
andaluz en perjuicio de los servicios básicos que reciben los andaluces.
Los españoles en general y
los andaluces en particular, le deben mucho a la jueza Alaya, le debemos un
reconocimiento público al trabajo que realizó siendo víctima de una campaña de
descrédito y ataques desde la Junta, el PSOE y esa mayoría de medios de
comunicación de izquierdas que controlan desde Ferraz.
Tras la sentencia, los
distintos partidos se han pronunciado. Alberto Garzón (IU) le echa solo la
culpa a “algunos dirigentes del PSOE”; Iñigo Errejón (MP) ha denunciado la
corrupción en plan general sin señalar a nadie; Pablo Iglesias (UP) sin señalar
al PSOE afirma que con ellos en el gobierno no habrá corrupción; José Luis
Ábalos (PSOE) no hace autocrítica ninguna y dice que se han juzgado hechos de
otra década; los llamados partidos constitucionalistas, para mí, los únicos
partidos democráticos que hay en España, PP, Vox y Ciudadanos, le piden a
Sánchez que asuma responsabilidades y que se vaya, mientras él pretende que la
que se tiene que ir es su enemiga Susana Díaz.
Como vemos, la izquierda,
ante la posibilidad de tocar poder junto al partido más corrupto de Europa,
aplica el doble rasero y su falsa careta de superioridad moral cae, y lo hacen
sin que se les caiga la cara de vergüenza, posiblemente porque nunca la han
tenido. Por un caso Bárcenas y por un caso Gurtel, pedían la dimisión de Mariano
Rajoy, en cambio, ahora, con el equivalente a 17 Bárcenas del PSOE o a 35
Gurteles, no piden que dimita Sánchez, repugnante.
