Detrás de la insistencia de Pedro Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional están, ERC y EH Bildu, con una agenda pactada y destinada a destruir España.
Ambas formaciones han exigido a Sánchez avances en su agenda separatista que pasan, inexorablemente, porque un TC dócil facilite la impunidad de quienes violan la nuestra Constitución. Impunidad para todos los delitos, relacionados o cometidos, por el independentismo.
Quieren a sus delincuentes presos, terroristas incluidos, en la calle; y quieren un mecanismo de referéndum rupturista pactado entre ellos y avalado por un TC amaestrado. Y tienen muy claro que esas exigencias no tienen cabida en el actual marco constitucional.
De llevar a cabo este plan, el PP tendría que aceptarlo, aunque consiga llegar al Gobierno en las próximas elecciones generales si le han dejado un TC que acepta un supuesto referéndum pactado como constitucional e impunidad para los delincuentes golpistas.
El Gobierno está acosando a los vocales del CGPJ que no se someten a los deseos de Pedro Sánchez, para que dimitan y para ello, presiona al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para que maniobre y fuerce a los vocales a acatar las exigencias del Gobierno. Es evidente que Sánchez pretende incumplir las exigencias europeas de independencia judicial y fiscal.
El presidente catalán, Pere Aragonès, exige acuerdos para «desjudicializar» la situación. Esto quiere decir que pretende manosear la Justicia y frenar, a través de la Fiscalía, los procesos e imputaciones por los delitos cometidos en favor del separatismo de forma que todos los culpables o en fase de juicio o investigación queden bajo un manto de impunidad. Aragonès, tampoco olvidó otra exigencia: el referéndum separatista para 2024. Y EH Bildu, frotándose las manos porque pretende replicar todo el campo ganado por ERC para el separatismo y la ruptura con España.
El solo hecho de que Feijóo se platee sentarse con nuestro infame presidente a negociar la renovación del TC me produce gran preocupación.