Hace unos cuantos días, VOX pidió en la Asamblea de Madrid que se investigaran los contratos que la Comunidad estaba adjudicando a los centros donde se llevan a cabo abortos. Hablamos de contratos por valor de ocho millones de euros que, Ayuso y los suyos, inyectan a empresas especializadas en tan macabro negocio.
Se votó en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, aprobándose que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos menores relacionados con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo realizados por los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud entre 2019 y 2023. La iniciativa de Vox ha contado con sus votos a favor, junto con los de Más Madrid, la abstención de los de Ayuso y el voto en contra del PSOE.
Lo curioso es que la gran mayoría de los abortos no se realizan en los centros sanitarios públicos, se llevan a cabo en “ciertos” centros privados. Y digo ciertos, porque se han concedido más de 2.000 contratos a dedo a unos pocos abortorios en los últimos años, más de 400 a la empresa Dator, incluso después de declararse en quiebra, algo demasiado sospechoso. Sería curioso, que se descubriera que “alguien” del gobierno del PP de la idolatrada por muchos, Ayuso, se estuviera beneficiando del negocio de acabar con la vida de seres humanos indefensos e inocentes, enriqueciendo a empresarios sin escrúpulos que se lucran con la muerte de miles de niños. Resulta muy sospechoso que, para no dar detalles de los contratos, la Comunidad de Madrid haya troceado los contratos de los abortorios para así, por su menor cuantía, no estar obligada a dar detalles sobre las condiciones de los mismos. Cuando esto ocurre, casi siempre es porque los contratos han sido concedidos a aquellos abortorios que están mejor relacionados con el político de turno, ese que se lleva la mordida correspondiente.
¿A qué se debe esta falta de transparencia con los madrileños? ¿No deberían haber salido a concurso, en lugar de haberse otorgado a dedo esquivando todos los controles?
También resulta muy sospechoso, que las empresas que han recibido estos contratos hayan sido condenadas por el Tribunal Supremo por engañar a las mujeres.
En este asunto, la mayoría de los ciudadanos debemos estar de acuerdo, porque unos estamos contra la Cultura de la Muerte, estamos siempre por la vida y otros muchos, aunque no lo estén, están a favor de la transparencia, de que se cumplan las leyes y contra los políticos corruptos y trincones.
Una vergüenza sí es cierto