Hace dos días, la Conferencia Episcopal Española hizo pública una nota de prensa en la que apoyaba una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar masivamente a inmigrantes ilegales que ha sido apoyada por la extrema izquierda. Desde mi condición de católico, debo mostraros mi extrañeza por el modo de proceder de la jerarquía eclesiástica española, pues cada vez, en más decisiones suyas estoy en absoluto desacuerdo.
En el comunicado se dice que, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país. O lo que es lo mismo, apoyan una iniciativa de la extrema izquierda para otorgar papeles a personas que entraron ilegalmente en España, saltándose los procedimientos administrativos que sí respetaron otros muchos inmigrantes que entraron de forma legal. Esa regularización supondría recompensar a quienes se saltaron la ley para entrar en nuestro país, en muchos casos traídos por mafias de la inmigración ilegal. De hecho, una regularización masiva tendría un “efecto llamada” que beneficiaría a esas mafias, que se lucran con la desesperación de esos inmigrantes y ponen en riesgo sus vidas.
Pero es que, mientras actúan así, guardan un sospechoso silencio en asuntos en los que obligatoriamente deberían pronunciarse y me estoy refiriendo, a que no se le ha escuchado una sola queja sobre la prevista decisión del gobierno de expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, una basílica católica amparada por un Tratado Internacional entre España y la Santa Sede, el famoso Concordato. En 2018, “Hablamos Español” reunió 500.000 firmas para una ILP de libre elección de lengua, esta ILP no recibió el apoyo de los obispos ni de Cáritas en ningún momento, a pesar de que defendía un derecho fundamental como es la libertad de educación, un derecho pisoteado por el poder político. Ante el golpe separatista catalán de 2017, la Conferencia Episcopal se pronunció llamando al «diálogo honesto y generoso», cedió ante las presiones de los obispos catalanes y optó por una cobarde tibieza, avergonzando a la España católica. Hace seis meses, la CEE ni siquiera se atrevió a nombrar a Sánchez y ante a la Amnistía se limitó a mostrar su preocupación por «la actual polarización ideológica, la crispación social y los episodios de desencuentro».
Pero la guinda de este pastel, mezcla de tibieza y cobardía, es el absoluto apoyo que mantienen sus medios de comunicación al Partido Popular, un partido que apoya planteamientos anticristianos como el aborto y la ideología de género. De hecho, en las entrevistas que les han realizado a Feijóo, ni siquiera le han preguntado sobre su apoyo al aborto, ni el que prestan a todo tipo de ideologías izquierdistas y anticristianas. Viendo para qué utiliza el dinero, optar por marcar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF, va a convertirse en un auténtico dilema para muchos católicos.