La Universidad Complutense de Madrid, tras constatar la falta de cooperación de la esposa de Pedro Sánchez, pone en un aprieto a la pareja que dirige la banda criminal monclovita, al pedir al juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que lleva el caso, que la investigue por apropiación indebida del software para su cátedra.
La Complutense, en su investigación interna, ha tratado de averiguar si ha habido perjuicios al patrimonio universitario. En particular, se ha centrado en determinar si ha habido una apropiación indebida de productos considerados de titularidad de la universidad, como plataformas o software, relacionados con los contratos y gastos de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Esta cátedra fue aprobada en octubre de 2020 por un período de cuatro años y está dirigida por una persona que carece de título universitario, la mujer del amoral Pedro Sánchez.
La universidad solicita la intervención del juez para obligar a Gómez a responder a las cuestiones planteadas. Según el informe, la UCM no ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre los posibles perjuicios a su patrimonio, debido en parte a la falta de colaboración de los involucrados. El informe de la UCM también incluye un correo electrónico enviado por Gómez el 12 de junio de 2024, en el que asegura estar reuniendo la información solicitada. Sin embargo, la universidad señala que, hasta la fecha de la presentación del informe, no ha recibido la información esperada.
La Universidad Complutense de Madrid ha solicitado al juez del caso Begoña Gómez que indague, entre otros muchos, un contrato público adjudicado directamente a la consultora Deloitte por la esposa de Pedro Sánchez en 2023. El servicio fue otorgado por un valor de 14.999 euros más IVA, solo un euro por debajo del umbral legal que habría obligado a Begoña Gómez a abrir un concurso de licitación a otros proveedores y estar sujeto a controles más rigurosos. La adjudicación a Deloitte, descubierta por la Universidad, estaría relacionada con los trabajos de Google, Indra y Telefónica para desarrollar un software de sostenibilidad para la propia Complutense. Sin embargo, Begoña Gómez registró la plataforma a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas y ofrece la aplicación a través de una sociedad mercantil, Transforma TSC SL, de la cual es administradora única y propietaria del 100% de las acciones. Con el IVA, el precio del contrato ascendió a 18.148,79 euros, pero el límite para los contratos menores de 15.000 euros de la Ley de Contratos de Sector Público no considera los impuestos. Esta práctica ha sido denunciada por los organismos de supervisión del gasto público, ya que evadir el límite por un euro evidencia una arbitrariedad en la fijación del precio y dificulta la fiscalización de los procesos, fomentando la discrecionalidad en la elección de los proveedores.
A estas alturas, pocos dudan de las actividades ilícitas desarrolladas por “la parejita”, pero todos estamos perplejos ante la cara dura de un presidente que pese a las pruebas abrumadoras sigue atrincherado en la presidencia y no dimite, conocedor sin duda alguna, de que sus socios, toda esa canalla parlamentaria antiespañola que le apoya, saben que con él en la presidencia siempre conseguirán más que con cualquier otro. Socialistas, comunistas, separatistas y proetarras, están encantados, por otra parte, de la pésima imagen que da España al mundo, porque lo mismo que les molesta que hallamos ganado la Eurocopa de fútbol o Wimbledon, les molesta mucho más que España recupere su dignidad interna y su prestigio internacional. Con Sánchez, evidentemente saben, que la indignidad campa a sus anchas en nuestra política y que el prestigio internacional de nuestra Nación es cero, algo que les encanta.
Dentro de un rato, Begoña declara ante el juez, a ver que se inventa.