La sentencia del 25% no se cumplirá.
Ya lo dije cuando vio la luz la sentencia que obligaba al gobierno catalán a impartir el 25% de las clases en español ante la euforia desatada en algunos. Tenía claro que esa sentencia se incumpliría como otras tantas. Y efectivamente, este martes la Consejería de Educación catalana ha enviado instrucciones a todos los centros educativos de Cataluña para que se salten la sentencia y en el caso de que estuviesen aplicándola, la retirasen de sus proyectos lingüísticos. Ese decreto es ilegal y anticonstitucional, pero el Ministerio de Educación no hará nada contra él, así estamos.
El Gobierno, es decir, Sánchez y sus cómplices, dejan en manos de la justicia cualquier tipo de actuación, pero advierte al Gobierno catalán de que si incumple la sentencia puede «prevaricar», de esa manera pretenden dar una impresión falsa, pues Sánchez no se plantea, de momento, tomar ninguna medida.
Sánchez nos toma el pelo, dice que la sentencia tiene que cumplirse, pero a la vez, quiere que sea la Justicia la que les obligue a acatarla. Como para que ello se haga realidad, el Estado tendría que utilizar la fuerza, y eso nunca lo hará Sánchez, para poder seguir viviendo en La Moncloa, Sánchez no puede cumplir y hacer cumplir las leyes, que es la misión de todo Gobierno.
Si existen inspectores de la Alta Inspección Educativa, cuando aparezcan por un colegio catalán, se deben de reír de ellos, no quisiera estar en su piel.
No es que un gobierno no pueda estar sustentado por maleantes, que también, es que los partidos de maleantes jamás deberían ser legales.