La Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) acaba de anunciar que presentará una querella contra
el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el resto de responsables de su
departamento, por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los
trabajadores, ante el Tribunal Supremo.
A las pocas horas, el Consejo
General de Enfermería (CGE) también se ha querellado contra el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Illa, y contra Fernando Simón, debido a la
oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de medio
centenar de ellos. Dicen haber investigado y llegado a la conclusión “de que
conociendo el Gobierno y el Ministerio de Sanidad al menos desde finales de
enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en
marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de
los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la
entrega de materiales defectuosos, como las mascarillas o los test sin la
fiabilidad suficiente.
El número de profesionales
contagiados es escandaloso, pues ya va camino de los 35.000, el 15% del total
de infectados en España, además del medio centenar de muertes. Se trata de una
cifra inasumible e inaceptable, resultado de una gestión catastrófica.
Más de 800.000 profesionales
de la salud, agrupados en los Consejos Generales de Colegios Oficiales, acaban
de exigir al Gobierno que doten del material de protección obligado a todos los
profesionales y que este reúna todas las condiciones debidas de homologación,
además de reclamar la realización de test a todos los sanitarios y al máximo de
población.
Ya no lo dice la oposición,
lo dicen los propios sanitarios, parece evidente que, quienes nos desgobiernan,
deben pagar por las consecuencias de su letal gestión.
