En los países democráticos, la palabra «censura» siempre había sonado muy mal porque representaba un concepto incompatible con la libertad de expresión, pero ya en alguno de esos países, como ocurre en España, la censura se está implantando con el apoyo de muchos que se consideran demócratas, pero que en realidad son aprendices de dictadores e incluso de la mayoría de los medios de comunicación, ya no se oponen a que los políticos puedan dictar lo que se puede opinar y lo que no. Multarnos por motivos de opinión sin pasar por un juzgado, es inaceptable, pero se acepta.
En España hace tiempo que ya se están poniendo multas para imponer la anticientífica ideología de género. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impuso una multa de 100.000 euros al canal Intereconomía por criticar el día del orgullo gay de 2011, recurrieron la multa y la justicia les dio la razón, señalando que el gobierno vulneró la libertad de expresión y el derecho de crítica.
El problema es que no han sido solo los socialistas los únicos que han recurrido a ese mecanismo antidemocrático para perseguir opiniones, en el Madrid de Ayuso (PP), su gobierno impuso tres multas en aras de las leyes que imponen la ideología de género: una de ellas contra un director de colegio que criticó esa ley, otra contra una asociación que editó un libro que criticaba los abusos de esas leyes y una tercera a una profesional que ayudaba a homosexuales descontentos con su condición. En los tres casos, la Justicia anuló las multas constatando que vulneraron derechos fundamentales, pero las leyes que permitieron poner esas multas siguen en vigor porque el PP se ha negado a derogarlas, como le ha pedido Vox en cuatro ocasiones.
Esta práctica antidemocrática es muy utilizada por los partidos separatistas, vascos y catalanes. En Cataluña, en 2017, la asociación HazteOir.org fue multada por el gobierno catalán por un autobús en el que mostraba su desacuerdo con las tesis de la ideología de género. En 2019, la Justicia anuló la multa.
Lo más tríste de todo es que los medios anuncian este tipo de multas presentando a los multados como culpables de delitos de opinión por el mero hecho de criticar una ley o discrepar de la ideología de género. Muchos que criticaban la censura durante régimen de Franco, ahora la apoyan porque son ellos quienes la imponen. Pero la censura gubernativa era inaceptable entonces y lo sigue siendo ahora, por mucho que criminalicen a los censurados para así justificarla.
Curiosamente, solo Vox se opone a este tipo de censura. Y eso debería hacer pensar a los españoles de cara a las próximas citas electorales.