Este pasado miércoles se celebró en Sevilla el Foro provincial para la Integración de Personas de Origen Migrante. Como el presidente andaluz, Moreno Bonilla, ya le pidió a Sánchez que cuente con las CCAA para aplicar el pacto europeo que alienta la inmigración ilegal, su director general en esa materia se manifestó en este acto ansioso y esperanzado para que se cuente con ellos para la implantación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, ese que alienta el “efecto llamada” y no protege las fronteras.
Resulta lamentable y hasta bochornoso diría yo que, en una sociedad tan degradada como la nuestra, donde todos los índices de pobreza se disparan y donde nuestros jóvenes tienen casi imposible acceder a un empleo digno y qué digamos a una vivienda, la Junta de Andalucía se dedique a pedir las competencias para dotar a los delincuentes que entran ilegalmente en nuestro territorio, desde empleo, inclusión social, economía o vivienda. Moreno Bonilla es un peón de quienes pretenden implantar en la sociedad la dañina Agenda 2030.
En este acto, nos volvieron a contar los embustes de siempre, subrayando la, según ellos, importante aportación que hacen, a su juicio, los inmigrantes a la economía y a la sociedad andaluza. No estaría mal que se hiciera un Referéndum para preguntarle a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a atender y garantizarles el futuro a los ilegales o a nuestros necesitados hijos.
La deriva izquierdista del popular, Moreno Bonilla, es alarmante. Otro ejemplo es que, de acuerdo con el PSOE ha aprobado la primera Ley de Participación Institucional de Andalucía, un marco legal que reconoce oficialmente a los sindicatos UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como “interlocutores esenciales” del Gobierno autonómico en materia de concertación social. Esta normativa establece que dichas organizaciones deberán ser consultadas en los anteproyectos de ley que les afecten, consolidando su papel en la toma de decisiones políticas. O lo que es lo mismo, que las organizaciones sindicales y empresariales recibirán una compensación anual en concepto de indemnización por la participación institucional, garantizándose que la cuantía que recibirán las organizaciones empresariales serán las mismas que las de las sindicales.
Solo VOX se ha opuesto a esta normativa de forma contundente calificando a los sindicatos de organizaciones criminales y afirmando que esta ley es un intento de blanquear a sindicatos corruptos que han saqueado fondos públicos.
La misma moneda con una distinción muy voluble
La ruptura de España y su islamización. Lo de los comedores de arte.