El nuevo anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, aprobado por el Consejo de Ministros, es la enésima barbaridad que pretende perpetrar este indecente Gobierno que padecemos, una banda de desalmados que pretenden recuperar la censura.
Dicen que con esta Ley busca regular los contenidos publicados por usuarios con más de 100.000 seguidores en RRSS, pero no hay que haber estudiado Derecho para darse cuenta de que esta vulnera derechos consagrados en nuestra Constitución. Y lo más importante, en el texto de este anteproyecto, sus autores han sido incapaces de definir conceptos tan subjetivos como el de “bulo o noticia falsa”.
Artículo 20: Derecho a la libertad de expresión y de prensa. Con lo que pretenden aprobar, se implantaría en estos ciudadanos la autocensura por temor a sanciones, por lo que la libre expresión de opiniones se vería claramente mermada.
Artículo 9.2: Derecho a la participación política. Los poderes públicos deben garantizar la igualdad y la libertad real de los ciudadanos en su participación política, por lo que, forzar la rectificación de ciertos contenidos según el número de seguidores podría restringir la capacidad de influir en la vida pública, afectando especialmente a quienes tienen mayor alcance en RRSS.
Artículo 9.3: Principio de seguridad jurídica. Se dejaría a la interpretación subjetiva los conceptos como “bulo o noticia falsa”, lo que podría dar lugar a arbitrariedades, porque ¿Quién decide qué es verdad o mentira?
Artículo 14: Principio de igualdad entre ciudadanos. Establecer un umbral de 100.000 seguidores para aplicar las restricciones, crearía desigualdades jurídicas entre usuarios, sin justificación alguna por discriminar según el número de seguidores. Un usuario con 99.999 seguidores no se vería afectado por la norma, mientras que otro con uno más sí, algo absurdo. También, hay que tener en cuenta, que el Reglamento Europeo de Medios Digitales ya contempla mecanismos para moderar contenidos en RRSS, y que el Tribunal Europeo de DDHH exige que cualquier limitación de derechos fundamentales sea avalada por una autoridad judicial, no por decisiones del poder ejecutivo.
Por todo lo mencionado, es evidente, que lo que se pretende es implantar lo que siempre se llamó censura, algo incompatible con un sistema democrático y de separación de poderes. Por otra parte, lo esperado de un Gobierno de extrema izquierda que está cambiando nuestra Carta Magna por la puerta de atrás al carecer de las mayorías cualificadas suficientes para hacerlo mediante los mecanismos que establece nuestra “Ley de leyes”.
Todo lo que los españoles construimos en la Transición y los primeros años de Democracia está en peligro, pues está en proceso de desmantelamiento y demolición. Estamos gobernados por malhechores corruptos que carecen de cualquier atisbo de moral pública y que lo único que pretenden es perpetuarse en el poder, aún a costa de que sus continuas cesiones a los enemigos de España vayan a complicar sobremanera el futuro de nuestros descendientes.
Un Maduro europeo
Se busca al que juró cumplir y hacer cumplir.