Ante el anuncio por parte del Gobierno de Sánchez de que va a crear un “registro de objetores” en el que figurarán los nombres de los médicos que, cumpliendo con su obligación profesional de curar y salvar vidas, se niegan a colaborar con el crimen del aborto, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Profesionales por la Ética han mostrado públicamente su más absoluto rechazo al ser una medida que vulnera los derechos humanos y la privacidad, es discriminatoria y puede llevar a represalias hacia los médicos objetores, además, la medida anunciada por este infame Gobierno viola el Artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad ideológica y religiosa. El punto 2 de ese artículo es muy claro: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». Hacer un registro de objetores, es decir, crear listas negras para incluir a los que discrepan de las tesis proaborto del gobierno, es una violación clara y rotunda de ese artículo constitucional y nos pone a la altura de una dictadura.
Esta medida constituye un ataque directo a derechos fundamentales por las siguientes razones: Este registro vulnera los derechos humanos. La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Forzar a un registro de objetores va en contra de la libertad de conciencia y religión, porque obliga a declarar sobre sus propias creencias. Un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan. La creación de un registro puede implicar la recopilación y almacenamiento de información personal sensible. Un registro de objetores podría abrir la puerta a represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo.
Ahora son “listas negras de médicos que se niegan a quitar vidas por nacer” ¿Qué será lo siguiente que intenten perpetrar socialistas y comunistas con la complicidad del PP? En los Estatutos del PP se afirma que ese partido se inspira en el «humanismo cristiano», teniendo en cuenta que este protocolo fue aprobado por el gobierno con el apoyo de las comunidades autónomas, incluidas aquellas que están en manos del Partido Popular, estamos ante una nueva traición mayúscula de los de Feijóo. Creo recordar que VOX hace dos años denunció que la creación de ese registro de objetores viola derechos fundamentales, denuncia que recientemente reiteró.
Una vez más, queda en evidencia que en el Parlamento español ya sólo queda un partido provida. Ahora ya sólo falta que los medios de los obispos, COPE y Trece, actúen en consecuencia y se desafilien del PP, ya que defiende posiciones no sólo anticristianas, sino que además atentan contra derechos fundamentales como el derecho a la vida y la libertad religiosa y de conciencia.
Esta mafia se organiza en Europa