En la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ya se advertía de que la
imposición de multas para la discriminación positiva del catalán en el ámbito
privado era inconstitucional.
Pues bien, tras varios años,
las multas se siguen imponiendo “por vulnerar los derechos lingüísticos” según
esa norma totalitaria llamada Código de Consumo en Cataluña. Sólo el pasado
año, el Gobierno de Cataluña impuso 88 multas lingüísticas. Hablamos de
pequeñas infracciones que se imponen, a pequeñas empresas y comercios, que ven
como son pisoteados, sus derechos y libertades constitucionales, y que los que
tienen la obligación de intervenir desde el Gobierno central para restituírselos
hacen dejación de funciones y no intervienen.
Ahora que está próxima la
reunión en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas, resulta vomitivo
escuchar los mensajes que lanzan desde el Gobierno advirtiendo de que Rajoy va
a mantenerse firme en el respeto de la legalidad. Y yo me pregunto ¿Qué pensarán
de Rajoy los catalanes abandonados a su suerte por nuestro presidente?
La supuesta firmeza de este
Gobierno en todo lo relacionado con Cataluña es falsa, si desde hace tiempo el
Estado de Derecho no rige en Cataluña es simplemente por la cobardía de los
sucesivos gobiernos centrales que los ha convertido en cómplices necesarios.
Rajoy no solo debería decir
no a la independencia, debería decir también, si a la legalidad cotidiana en
Cataluña.
