Anoche me sorprendió mucho
escuchar al abogado sevillano de la empresa canadiense que denunció a la Junta
de Andalucía por la adjudicación de la mina de Aznalcollar a la empresa
hispano-mejicana Magtel, pues afirmó que ni el Partido Popular, ni Podemos, ni
Ciudadanos, ni Izquierda Unida, se habían puesto en contacto con él para que
los pusiera al corriente de todo.
Y es que si observamos el
comportamiento de los tres partidos que pueden propiciar la investidura de
Susana Díaz tras el 24-M, podemos pensar que es posible, aunque no seguro, que
al menos dos de los tres tienen claro que van a impedir que se repitan las
elecciones, aunque lo mismo lo propicia el otro y así no pasan la vergüenza de
quedar ante sus votantes como “vendidos”.
Albert Rivera sigue con la
exigencia, extemporánea y casi absurda, de seguir insistiendo en la dimisión de
Manuel Cháves, algo que indudablemente contribuiría a la higiene democrática,
pero que sería solo un gesto que en nada contribuiría a la erradicación de la
corrupción en la administración andaluza. Pero en cambio, Rivera no quiere ni
oír hablar del caso de la adjudicación de la mina de Aznalcollar ni quiere
informarse de nada, ya que si lo hiciese y entrara en el asunto, por su
gravedad, por ser responsabilidad de Susana Díaz, le sería imposible argumentar
motivos para propiciar su investidura.
Lo de la mina de
Aznalcollar es un caso de corrupción muy grave que se ha producido bajo el
mandato de Susana Díaz, un caso que deja claro que todos los que lo han
propiciado y permitido, son políticos que tienen comportamientos incompatibles
con la honestidad y deben ser apartados de la política, con Susana Díaz a la
cabeza.
Con el tema de la mina de
Aznalcollar, tanto al PP, como a Podemos y a Ciudadanos, se les puede ver el
plumero de forma descarada. Socorrer a Susana Díaz era estafar a sus votantes,
y que digamos tras lo de Aznalcollar.
