En una sociedad democrática,
el delito más grave que se puede cometer, es el de atentar contra la integridad
territorial de la Nación y contra su Constitución aprobada democráticamente por
su ciudadanía. Y eso precisamente, es lo que perpetraron los golpistas
catalanes encarcelados y los que están huidos fuera de nuestras fronteras.
Ahora que los fiscales del
Tribunal Supremo preparan su escrito de acusación, el Gobierno intensifica sus
presiones a la Sala Segunda y al Ministerio Fiscal, llegando incluso a pedir la
excarcelación de los dirigentes golpistas en prisión provisional, para así
tener un gesto con los independentistas para que estos le permitan seguir
siendo presidente. Este indeseable solo mira por sus intereses.
Todo parece indicar, que los
fiscales encargados del sumario no se doblegarán, y acusarán por rebelión a los
dirigentes del proceso separatista que están en prisión provisional. Tanto
Oriol Junqueras, como Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa, por delito de
rebelión agravado con el de malversación; y que Forcadell y los “Jordis”,
recibirán peticiones de condena por rebelión básica. Los que han dado un golpe
contra el orden constitucional, los que han atacado la unidad de España, los
que han desobedecido al Tribunal Constitucional, los que han malversado dinero
público, y los que han incitado a la violencia en las calles, deben pagar por
los graves delitos perpetrados, deben pudrirse en la cárcel durante muchos
años.
El Gobierno traidor de
Sánchez, no puede pretender “que se vayan de rositas” quienes han traicionado
la convivencia provocando un enfrentamiento civil, y solo para que él disfrute
de unos meses más de okupa en La Moncloa.
Tenemos un presidente legal
pero ilegítimo, pues los españoles en las urnas nunca lo elegimos, y por su
comportamiento, comprobamos a diario que no es merecedor de ocupar el cargo que
ostenta.
