La consulta del pasado
domingo era ilegal y así lo declaró el Tribunal Constitucional con antelación,
Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, no quiso impedir que se celebrara,
y por lo tanto, cometió delito de prevaricación.
La postura de inacción
mantenida por Mariano Rajoy en todo lo
relativo al 9-N ha indignado a una parte importante del pueblo español, y sobre
todo, a una parte importante del propio Partido Popular, quienes han
presenciado perplejos e incrédulos la vergonzosa manera de gobernar de un
presidente preso de su cobardía.
Tengo que aplaudir las
palabras que pronunció ayer, la popular Cayetana Álvarez de Toledo, diputada
por Madrid en las Cortes Generales por el Partido Popular, directora del Área
Internacional de FAES y portavoz de la plataforma Libres e Iguales, quien se
atrevió a decir que “lo ocurrido ayer en Cataluña descalifica al Gobierno de
Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional”. No podemos olvidar,
que en la postura de Libres e Iguales sobre el debate territorial se reconoce
una parte significativa del PP.
Libres e Iguales acusa a
Rajoy de olvidar culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y
hacer cumplir la Constitución, que la agresión a la democracia que ha supuesto
la votación del 9-N no ha recibido la respuesta que merece, que el Ejecutivo no
ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña, que su dejación ha debilitado
gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica
y el desamparo político.
Tras el esperpento
protagonizado, Mariano Rajoy debería empezar a pensarse la posibilidad de
dimitir, pues es evidente que ha perdido el apoyo de la mayoría de quienes le
dieron su confianza en las últimas elecciones generales, y hasta el de los “pata
negra” de su partido.
Solo con el apoyo del
aparato del partido y el de todos aquellos que comen gracias al partido y a su
dedo, solo con ese apoyo no se puede dirigir a todo un país.
