Que el Estado de Derecho
lleva ausente de Cataluña décadas, es evidente, que ayer el Gobierno de España
incumplió su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, también.
Lo de ayer fue una ficción
donde los independentistas se lo guisaron y ellos mismos se lo comieron, un
esperpento con ausencia total de garantías democráticas cuyo resultado es
absolutamente irrelevante, pues el recuento lo hacen ellos mismos, pucherazo asegurado.
No podemos olvidar que votaban menores e inmigrantes, y en cambio, los
catalanes residentes en el resto de España no podían hacerlo, mientras que los
catalanes residentes fuera de España, si lo podían hacer.
Lo cierto es, que ayer, ni siquiera fueron capaces de
movilizar a todos los que votan a los partidos favorables a la independencia.
Solo basta con compararlo con los resultados de las últimas elecciones reales.
Hay que reconocer, que solo un 30% de los catalanes apoyan la independencia, pues ayer se impuso la
evidencia de que el otro 70% de la sociedad catalana, la mayoría silenciosa, se
siente catalana y española, y pasó de la mascarada. Españoles que se sienten abandonados por Rajoy y su Gobierno.
Lo de ayer fue un claro
desafío al Estado en el que colaboraron, el gobierno de Cataluña y siete mil
funcionarios, ayer se perpetraron delitos de malversación de fondos públicos,
desobediencia, prevaricación y sedición. Ante ello, el Gobierno de España miró
hacia otro lado para permitirlo, y los jueces se convirtieron en colaboradores
necesarios para que esos delitos se perpetraran.
Solo UPyD hizo lo que debía
y merecen que se reconozca, denunció de nuevo pidiendo la suspensión cautelar
del 9-N, aunque estaba claro que los jueces no le iban a hacer el trabajo sucio
a Rajoy.
Tras lo que ha permitido
Rajoy, cunde el desánimo en las filas del Partido Popular ¿Cuántos militantes
del PP se darán de baja? Pienso que muchos.
