Todo lo que está ocurriendo en Salt (Gerona) desde hace prácticamente una semana, evidencia con bastante claridad a lo que nos llevan las actuales políticas que imperan en España y en el resto de Europa en materia de inmigración propiciadas por socialistas y populares. Quizás exagerando un poco, podríamos comparar lo que está ocurriendo con la retirada de las tropas occidentales de Afganistán, eso sí, a cámara lenta, pero con una diferencia, que los que se van a quedar en el territorio son los invasores.
El conflicto estalló cuando un imán, de origen subsahariano, fue desalojado de la vivienda que ocupaba desde hacía cinco años sin abonar alquiler alguno. Lejos de aceptar la resolución judicial, intentó volver a entrar en la vivienda de forma irregular, lo que provocó su detención por parte de los Mossos, lo que ha desatado una ola de disturbios protagonizados por grupos vinculados a la extrema izquierda y de inmigrantes islámicos. Los disturbios han causado daños materiales valorados en miles de euros y han dejado varios vecinos heridos, además de generar una gran sensación de inseguridad entre los residentes del municipio.
El Ayuntamiento de Salt, en manos de ERC, ha anunciado que proporcionará una vivienda social al imán que ha generado revueltas de inmigrantes islámicos en ese municipio de Gerona “para no alimentar a la extrema derecha”. Esta decisión ha generado una fuerte controversia entre los vecinos, que cuestionan por qué se otorgan privilegios a quienes no cumplen los requisitos de vulnerabilidad establecidos para acceder a este tipo de ayudas, que el ayuntamiento ha cedido ante la violencia pues ni él ni su familia cumplían con los criterios exigidos para recibir una vivienda social, se está favoreciendo claramente a colectivos en detrimento de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Por su parte, los sindicatos policiales hablan de “situación explosiva”, denuncian la falta de medios humanos y materiales acusando a los políticos de propiciar una situación que ha convertido a ese municipio en un territorio sin ley, responsabilizando a los dirigentes políticos de haber permitido esta situación por su “falta de valentía y doble discurso”.
Pero lo más triste de todo, es el papelón que está llevando a cabo Cáritas, organización que junto a la extrema izquierda ha apoyado la manifestación «por el derecho a la vivienda, y contra el racismo y la violencia policial», es decir, apoyan los desmanes y las ilegalidades de los invasores en detrimento de nosotros. Desde la entidad perteneciente a la Iglesia han pedido en un post en Facebook “otra política de vivienda” y han señalado que “los desalojos están a la orden del día, usando la fuerza frente a familias totalmente desprotegidas”. Los desalojados, manifiesta Cáritas, son “mayormente familias con niños que reciben las consecuencias de una política completamente deshumanizada”. Cáritas no puede situarse al lado de quienes atacan ayuntamientos y comisarías, de quienes no respetan la propiedad privada.
Con el actual sistema de adjudicación de viviendas de protección oficial en Cataluña, el 80% de las ayudas van destinadas a extranjeros, algo que debe cambiar, pues tamaña injusticia enerva a los vecinos.
Ignacio Garriga, secretario general de VOX y presidente del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña, visitó Salt y dijo: “Los disturbios de Salt son un reflejo del deterioro de la convivencia y el aumento de la violencia, problemas propiciados y aumentados desde que Sánchez llegó a La Moncloa por la falta de control en las fronteras. Debemos exigir la deportación inmediata del imán de Salt, preguntándose por qué sigue en España después de haber cometido un delito” mientras que los islamistas gritaban ¡Viva Pedro Sánchez!
¡Hola!
El acuñamiento de la palabra «vulnerables» por parte del «buenismo» legislativo pone a esta palabra en entredicho . El título de vulnerable a una persona, solo lo debería de otorgar un jurado médico y en virtud de unas pruebas exhaustivas a personas con algún defecto físico de nacimiento o adquirido por enfermedad, o accidente que les impida encontrar o mantener un puesto un trabajo, y aquí, en este supuesto, sí deberían de otorgarse generosas ayudas sociales de todo tipo. NO son «vulnerables» personas en las que NO concurren las condiciones anteriores y, sin embargo, se han integrado parcialmente o nulamente al mundo laboral y han procreado por instinto más hijos de los que pueden alimentar. Para controlar esto, teníamos la Ley de vagos y maleantes ahora en desuso favoreciendo «vulnerables» por decisión de políticos que inhiben a las Fuerzas del Orden en sus funciones tales como pedir identificación a toda persona que en edad activa deambula por las calles en horario laboral o de estudios. Justicia social no es barra libre para todos; es dar a cada uno lo que este previamente hubiese aportado a la sociedad. Vamos irremediablemente a una catástrofe de índole económico.
Este es el panorama del futuro