Sánchez persevera en su “Golpe Electoral”

Nos encontramos ante un proceso equiparable a un “Golpe de Estado” en toda regla, a una alteración estructural del orden constitucional. A diferencia del “Golpe de Estado” clásico, en el que se sustituye al que gobierna por la fuerza o el que gobierna se niega a que el pueblo hable e impide la democrática alternancia política, Pedro Sánchez interviene sobre la base sociopolítica reconfigurando a su antojo el cuerpo electoral a través de la manipulación del censo y su expansión. Lo que está perpetrando, lo está haciendo a cara descubierta y sorprende que en nuestras leyes no se contemplen mecanismos que eviten maniobras como las que está llevando a cabo el psicópata que reside en La Moncloa.

Ante lo que está ocurriendo, resulta sorprendente el comportamiento del principal partido de la oposición, el Partido Popular, quien recientemente se opuso en el Congreso a una propuesta de VOX orientada a reforzar el control del voto exterior. Es decir, Sánchez está saltándose a piola las reglas del juego y los de Feijóo prefieren no apoyar a los de Abascal, incomprensible. Eso sí, ahora Feijóo llama a lo que está haciendo Sánchez, ingeniería electoral, una definición que atenúa la gravedad del fenómeno al revestirlo de tecnicismo y que olvida que se está preparando todo para que la integridad del proceso electoral no esté garantizada. Recordemos que la ofensiva de VOX contra la aplicación fraudulenta de la “ley de nietos” acumula ya recursos, iniciativas parlamentarias y escritos ante Justicia y la Junta Electoral Central. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, el partido de Santiago Abascal ha desplegado una ofensiva política, parlamentaria y judicial para impedir lo que considera una alteración del censo electoral mediante la concesión masiva de nacionalidades españolas.

En paralelo, crece la sensación de que la ciudadanía está perdiendo valor como concepto legal y político. Si las normas que determinan quién forma parte de la sociedad pueden cambiarse de forma puntual y unilateral, ser ciudadano deja de tener un significado sólido. Igualar sin reflexión la pertenencia real (vivir en el país, contribuir, tener vínculos) con una simple condición formal desde fuera se percibe como parte de un proceso más amplio de debilitamiento nacional. Como resultado, se debilita el sentimiento de pertenencia y puede disminuir la identificación de las personas con el proyecto común.

También surge una sensación generalizada de falta de protección por parte de las instituciones. Los organismos encargados de supervisar y controlar no parecen responder de manera adecuada a esta situación. El problema de fondo es estructural, ¿para qué sirven las instituciones del Estado si no garantizan la estabilidad de los elementos básicos del sistema político frente a decisiones arbitrarias? La dificultad para dar una respuesta clara a esta pregunta sugiere que estos mecanismos podrían estar quedando obsoletos en su forma actual y que nuestra Constitución, al igual que el resto de leyes, deberían ser reformadas para dotarlas de instrumentos que impidieran que cualquier amoral pudiera llevar a cabo lo que Sánchez está intentando hacer.