La decisión de la Sección
Primera de la Audiencia Nacional de excarcelar al asesino etarra Santiago
Arróspide “Santi Potros”, ha causado un tremendo malestar entre las víctimas y
en una parte importante de nuestra sociedad.
Los datos de que se
disponen, parecen indicar, que la posibilidad de que los tres magistrados que
tomaron la decisión hayan prevaricado, es decir, que hayan dictado una
resolución injusta a sabiendas, empieza a tomar cuerpo, pues al día siguiente
de esa polémica decisión entraba en vigor un texto legal que cerraba esa
posibilidad.
Las prisas de los tres
magistrados es una prueba clara de que sus abyectas intenciones eran
simplemente las de liberar a un “carnicero” condenado a 3000 años de cárcel por
su implicación en 35 asesinatos.
Estos indignos tres
magistrados, le han regalado a este monstruo diez años de libertad, aunque es
cierto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido su decisión al
sostener que la decisión europea marco, en la que se basa la excarcelación, no
es una directiva que tendría carácter vinculante.
Hay un dato esclarecedor en
todo este asunto, todas las leyes orgánicas aprobadas durante 2014 entraron en
vigor justo al día siguiente, curiosamente, todas menos las dos que afectaban a
este proceso de revisión de penas, que entraban en vigor veinte días después de
su publicación.
La hoja de ruta que firmó
el gobierno de Zapatero con ETA, Rajoy la sigue cumpliendo. Por mucho que lo
quiera disimular, está colaborando en algo que supone, además de un insulto a
las víctimas, una ofensa a la conciencia colectiva de nuestra sociedad.
Las marcas blancas de ETA
siguen en las instituciones pese a que Rajoy en su campaña electoral nos dijo
que las expulsaría y las ilegalizaría, y los criminales siguen de manera
inexorable siendo excarcelados.
