Este pasado jueves, el presidente del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, propuso en el diario El País «una convención constitucional para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión territorial”. Su propósito es conseguir cosas como «el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada». Es decir, una reforma encubierta de la Constitución, saltándose los cauces legales que nuestra Carta Magna establece para ese menester, sabedor que la izquierda y el separatismo juntos carecen de los apoyos necesarios para cambiar el texto constitucional respetando esos cauces establecidos. La propuesta de Urkullu implica saltarse el Estado de Derecho para someterlo a los caprichos de los separatistas, obligando a una amplia mayoría de españoles a seguir los pasos marcados por los partidos secesionistas, que se han encontrado con una gran oportunidad de conseguir sus objetivos gracias a la obsesión de Sánchez de mantenerse en el poder y de Feijóo de llegar a él.
Sabemos que socialistas y comunistas son capaces de perpetrar cualquier fechoría, por muy grave que esta sea, con tal de mantenerse en el poder, incluso son capaces de subastar España, pero lo más preocupante es el comportamiento observado en el PP, pues parece estar dispuesto a aceptar algunas exigencias de los separatistas. Chirriaba por su inconcreción la oferta del PP al PNV ofreciéndole un papel muy relevante si ayudaban a que Feijóo fuera presidente. Pero lo que de verdad ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la escueta declaración del presidente gallego, Alfonso Rueda (PP), quien dijo que la reforma encubierta de la Constitución que propone Urkullu va «bien encaminada», afirmación que le debería incapacitar para seguir donde está y representar a quienes representa.
Hemos llegado a un punto, en el que los votantes del PP y quienes conforman la derecha social española, empiezan a estar muy preocupados al ver la insistencia de Feijóo en sentarse a hablar con los separatistas de Junts, un partido que apoyó el intento de golpe de Estado separatista de 2017 y cuyo líder, Puigdemont, es un prófugo de la Justicia.
PP y PSOE insisten en el error de condicionar el futuro de España a lo que pretende una minoría separatista que está permanentemente instalada en el chantaje, la deslealtad y el fomento del odio a España. Si el PSOE está dispuesto a ceder ante los separatistas para llevar a cabo una reforma encubierta e ilegal de la Constitución, absolutamente de espaldas a los españoles aprovechando que el indigno de Conde Pumpido preside el Tribunal Constitucional, el PP no puede ni asomarse a esa senda, pues le estaría faltando al respeto a España y, sobre todo, a esos españoles que le han dado su voto de buena fe.
Para terminar, decir que, Feijóo parece olvidar que Vox, partido que le ha dado su apoyo en la investidura completamente gratis en un gesto de suprema generosidad, tuvo casi el doble de votos que los cinco partidos separatistas juntos y que en cuanto vea algo raro podría cambiar de opinión.